Cinco meses después del histórico apagón que dejó sin electricidad a España y Portugal durante casi una jornada, la investigación europea sobre lo ocurrido ha terminado y se dispone a publicar su «informe factual» el 3 de octubre. La asociación que agrupa a los operadores de las redes de transporte de electricidad de Europa, entre ellos Red Eléctrica, evita hablar de causas o responsables y solo ha anunciado una conclusión «factual», que se limitará a «determinará, de la manera más precisa posible, las condiciones» en las que el pasado 28 de abril se produjo el cero nacional que no tenía precedentes.
«El 2 de septiembre, el grupo de expertos mantuvo su sexta reunión para avanzar en la investigación sobre el apagón del 28 de abril en España y Portugal. En base a toda la información suministrada por sus operadores [Red Eléctrica en el caso español] y compañías eléctricas, el grupo está ahora listo para finalizar su informe factual» con «hechos y datos» sobre el cero nacional, han informado este martes el ENTSO-e, en una nota de prensa en la que en ningún momento se menciona la posibilidad de señalar causas o responsables del apagón.
«El informe factual establecerá, de la manera más precisa posible, las condiciones del sistema [eléctrico] que prevalecían el 28 de abril de 2025, así como una detallada secuencia de los acontecimientos«, añade la nota sobre un documento que se publicará el 3 de abril. Hasta ahora, las compañías eléctricas se han mostrado muy críticas con el análisis que ha estado llevando a cabo el ENTSO-e, al que acusan de «imparcialidad» y de seguir las líneas de uno de sus miembros, Red Eléctrica.
De esta manera, la asociación que agrupa a los operadores europeos de las redes eléctricas, entre ellos a Red Eléctrica, da un por lo menos primer carpetazo a su investigación sobre el apagón, apenas una semana después de que, en su reunión del 28 de agosto, decidiera ampliarla a lo que sucedió en días previos al 28 de abril, como también hizo el análisis del Ministerio para la Transición Ecológica, de manera que se tuviera también en cuenta, por ejemplo, la caída de la demanda eléctrica que unos días antes paralizó la circulación de trenes entre el norte y el centro de España.
Según su nota, lo que presentará será un informe de «hechos» y de lo que sucedía el 28 de abril cuando se cayó el sistema eléctrico en España y Portugal. Nada dice de si señalarán culpables, un elemento clave para que usuarios, industrias o comercios dirijan sus reclamaciones económicas por los perjuicios causados y que en España no ha sido posible dilucidar todavía.
Sin responsable en firme
Hasta la fecha, el informe del Gobierno que condujo la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, repartió culpas entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas por no haber controlado adecuadamente la tensión de la red, mientras que, en sus respectivos análisis, la compañía que preside Beatriz Corredor culpa a empresas como Iberdrola o Endesa y estas, a Red Eléctrica, en una ‘batalla’ por esclarecer las causas que de momento está en tablas y que, a la postre deberá dirimir el regulador, la Comisión Nacional para los Mercados y la Competencia (CNMC), que tiene capacidad para sancionar con hasta con 60 millones de euros por un evento que provocó perdidas por un valor superior, según los cálculos provisionales que hace la industria o las grandes superficies comerciales.
Una vez descartado que el apagón se debiera a un ciberataque y cerrada, por tanto, la vía penal que en la primavera empezó a abrirse paso en la Audiencia Nacional, las eventuales reclamaciones judiciales deberán seguir la vía de lo contencioso-administrativo, apuntan fuentes judiciales.
El segundo decreto antiapagón se retrasa
Mientras tanto, Red Eléctrica continúa operando el sistema eléctrico de manera «reforzada», previendo más electricidad generada con tecnologías síncronas, como el gas, que son capaces de dar más estabilidad a la red eléctrica pero que también son más caras, que desde entonces han hecho aumentar los llamados «servicios de ajuste» con los que Red Eléctrica busca asegurar la demanda eléctrica. Aunque, según los meses, el bajo precio de la electricidad por las renovables ha amortiguado su impacto, pero este coste ha ganado peso en la factura total. Si en abril los servicios de ajuste subieron a 18,4 euros/MWh frente a los 15,9 euros/MWh de marzo previos al apagón, en mayo costaron 26,2 euros/MWh, lo que llevó a que las comercializadoras de electricidad denunciaron en junio un sobrecoste entonces de unos 200 millones que terminarían imputando a los clientes si no se tomaban medidas.
Según apuntaba en junio la directora general de Operación de Red Eléctrica, Concha Sánchez, señaló que la operación reforzada continuará hasta que no se empiecen a aplicar medidas para que no vuelve a suceder. Hasta entonces, dijo en rueda de prensa junto a Corredor, no se «retirará el esfuerzo» en algo que «llevará su tiempo».
Las medidas para dar más estabilidad y hacer más robusto el sistema eléctrico deben venir por parte del Gobierno, después de que en julio el Congreso tumbó un primer decreto ‘antiapagón’. Diez días después, el Ministerio para la Transición Ecológica sometió a consulta un nuevo decreto, en este caso, un real decreto, no un decreto ley que no deberá pasar por el Congreso, con algunos de los elementos que contenía el primero, como que la CNMC controle tanto que Red Eléctrica como las compañías cumplen con sus obligaciones para mantener la tensión de la red eléctrica, después de las oscilaciones que terminaron tumbándola el 28 de abril.
Según apuntaron antes de la pausa estival fuentes del Gobierno, la previsión era que el Consejo de Ministros lo aprobara en la reunión del pasado 26 de agosto o en la primera de septiembre, algo que no sucedió. En Transición Ecológica aseguran que quieren llevarlo cuanto antes al Consejo de Ministros, pero que antes deben estudiar todas las aportaciones que se hicieron en el proceso de consulta.
