La realidad de abortar en España depende del lugar donde vivamos y a día de hoy no es un derecho pleno. Estamos ante un derecho a medias, que depende del mapa y nos aboca a una realidad donde las españolas no somos iguales ante un derecho tan sensible e íntimo como el de nuestra libertad sexual y reproductiva.
Soy una de tantas mujeres que he pasado por varios abortos naturales. Deseaba ser madre por encima de cualquier otra cosa en el mundo. Lloraba, me culpaba, me sentía responsable ante cada aborto que sufría, y las consecuencias en mi cuerpo eran secundarias en ese momento. No fueron elegidos sino todo lo contrario. En mi caso, mi mayor ilusión era conseguir ese embarazo, me entregué y sacrifiqué mi cuerpo durante muchos años, era mi anhelo ser madre. Cuando una mujer sufre tratamientos hormonales, se sacrifica a sabiendas del riesgo futuro que va a tener, incluso pone en peligro su propia salud para ser madre sabe del riesgo al que se enfrenta y si además no es posible, siente las consecuencias físicas y mentales de esa interrupción no voluntaria de su embarazo.
Pero nada de esto es comparable con la decisión que toma una mujer sobre la interrupción voluntaria de su embarazo.
Nuestra libertad sexual y reproductiva es esa misma. Ser libres para arriesgar nuestra vida por conseguir quedarnos embarazadas y ser igual de libres para decidir interrumpir nuestro embarazo. Creíamos que era un debate superado, pero una vez más la historia nos muestra la debilidad de nuestros derechos y conquistas.
Desgraciadamente a pesar de vivir en un país donde es legal hace más de una década, resulta radicalmente distinto enfrentarte a esta realidad en una comunidad o en otra. Como sucede en Castilla y León, Murcia o Aragón, y sí, también en Madrid. Allí donde los médicos objetan de forma masiva y las mujeres se ven abocadas a ejercerlo en una clínica privada, lejos de su entorno, privándolas de poder ejercer el derecho que les corresponde en la sanidad pública.
El derecho de la mujer no puede estar sujeto a la voluntad política de la comunidad donde viva. Ni puede depender de estrategias o intereses electorales. Debe ser contemplado como lo que es, un derecho fundamental de las mujeres, de cada una de nosotras, y solo de nosotras. Ahí radica la necesidad de incluirlo en la Carta Magna
Hay quien puede pensar que esa reforma legal no es necesaria porque la ley lo reconoce y la Constitución no lo prohíbe, es más, queda avalado por el Tribunal Constitucional tras el recurso que interpuso el Partido Popular para intentar tumbarlo. Pero la práctica ha evidenciado la desigualdad territorial, producida por la objeción masiva en el sistema público que provoca la ausencia de un derecho que creíamos conquistado.
No, todavía no somos iguales. No tenemos las mismas condiciones, ni tan siquiera recibimos la misma atención. La necesaria reforma constitucional garantizaría una igualdad territorial de un derecho fundamental para las mujeres, el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, sobre nuestras vidas.
Porque lo que hemos vivido estos días en Madrid, de la mano de Almeida no es una equivocación. Es un ataque directo a la dignidad de las mujeres y claro ejemplo de dónde están dispuestos algunos a retrotaernos.
Estamos ante un derecho a medias que depende de donde vivamos, una desigualdad real que nos hace vulnerables. Las conquistas de derechos no lo son mientras tengan que estar supeditados a la decisión de otra persona. La fragilidad de los derechos de las mujeres son un síntoma de la lucha que todavía tenemos pendiente.
La libertad sexual y reproductiva es un derecho en la ley, pero no en la realidad y ahí radica el problema.
