La Fiscalía y las defensas de los tres investigados en el caso Begoña Gómez han solicitado el archivo de la causa durante el acto procesal convocado este miércoles por el juez Juan Carlos Peinado para encaminar el procedimiento hacia un juicio con jurado. Según fuentes jurídicas, en la vista de más de tres horas las acusaciones populares han solicitado varias diligencias.
Entre ellas, han pedido que se actualice la información sobre el salario de la asesora de Begoña Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, y que se aporte por completo la vida laboral de la mujer de Pedro Sánchez.
Ni la esposa del presidente del Gobierno ni los otros dos investigados — Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés— han acudido este miércoles a los Juzgados de Plaza de Castilla. Aunque contaban con esa posibilidad, tan solo sus abogados estaban obligados a presentarse en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.
Este mismo acto se celebró ya en el pasado mes de octubre, después de que Peinado plantease por primera vez enviar la causa hacia un procedimiento con jurado popular. Tras los intentos del instructor por sentar a Gómez ante un jurado, la Audiencia Provincial de Madrid anuló sus pasos el 23 de febrero, en una resolución en la que recriminó que Peinado no hubiera motivado debidamente sus autos.
Finalmente, el pasado 20 de marzo Peinado trató de subsanar la falta de motivación en una extensa resolución en la que acordó de nuevo dirigir la causa hacia el procedimiento ante el Tribunal del Jurado, para lo cual debía citar a los investigados y las demás partes. La primera vez que Peinado planteó la posibilidad de un juicio ante el Tribunal del Jurado, lo hizo tras dividir la causa en dos piezas. Ahora, en cambio, lo hace tras unificar las dos piezas en una sola.
La primera de las piezas incluía las labores de Gómez en la UCM, el supuesto tráfico de influencias en favor del empresario Carlos Barrabés, la apropiación indebida del programa creado para su cátedra en la universidad o el intrusismo laboral por los pliegos que firmó la propia Begoña Gómez. La segunda pieza abordaba un supuesto delito de malversación por el fichaje de la asesora de Moncloa Cristina Álvarez, que realizó algunas labores relacionadas con la actividad privada de la esposa del presidente, ajenas a sus funciones como personal de Presidencia del Gobierno.
En septiembre del año pasado, el juez planteó que esta segunda pieza separada se transformase en un procedimiento ante un jurado popular, dado que el delito de malversación es competencia de este tipo de tribunal. Después, el juez acordó encaminar al juicio con jurado también la pieza principal, dado que el tráfico de influencias compete a estos tribunales (no así el resto de delitos que se incluyen en la causa).
El 20 de marzo, el Juez Peinado dio respuesta al auto en el que la Audiencia de Madrid tumbó sus resoluciones por falta de fundamentación. En aquel escrito, la Audiencia exponía que el instructor debería haber efectuado «un mínimo esfuerzo argumentativo que justifique la tipicidad, antijuridicidad de la conducta y participación delictiva».
De modo que Peinado dictó un nuevo escrito con el objetivo de «verificar la verosimilitud» de los hechos por los que se investiga a Begoña Gómez como presunta autora de dos delitos que competen al Tribunal del Jurado: la malversación y el tráfico de influencias». Una de sus conclusiones fue que no hay «ninguna duda» sobre que el acceso de Begoña Gómez a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) estuvo directamente relacionado con «su prevalente posición de esposa del presidente del Gobierno».
En su auto, Peinado unificó las dos piezas de la causa y apuntó que la «situación escénica» en la que se produjeron los encuentros de Begoña Gómez para acceder a una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid puede «llegar a intimidad a cualquier ciudadano». A juicio del instructor, la conexidad entre los distintos hechos que forman parte de la investigación «es clara», lo cual hace «necesaria la acumulación de los hechos investigados».
