Se cumplió ayer un año de la matanza que llevaron a cabo los milicianos de Hamás en Israel con el resultado de 1200 muertos y decenas de rehenes, algunos de los cuales siguen todavía secuestrados. Vimos las imágenes, podemos recordarlas durante estos días y siguen siendo estremecedoras por su violencia y su rotunda injusticia. Después de esto, hemos asistido a una respuesta firme y despiadada de Israel que sigue en marcha todavía durante un intenso año en el que hemos podido comprobar una vez más que este problema es de una complejidad endiablada, entre otras cosas, porque los principales actores del conflicto creen que luchan, en último término, por su supervivencia y por el mantenimiento o la reconfiguración de un nuevo orden mundial.
Resulta asombrosa la capacidad que tiene nuestra sociedad de elegir bando y situarse a favor de una de las dos posturas cuando la realidad es, como ya hemos dicho, de una complejidad absoluta. Las raíces históricas del conflicto son profundas e intrincadas y la situación geopolítica de la zona requiere un estudio minucioso para lograr comprender una pequeña parte de lo que allí sucede. Los argumentos que escucho a diario en los medios de comunicación habituales no parecen suficientes como para tener las ideas tan claras.
Resulta asombrosa la capacidad que tiene nuestra sociedad de elegir bando y situarse a favor de una de las dos posturas cuando la realidad es de una complejidad absoluta
Quizá de un modo algo interesado, no se está hablando demasiado del principio de proporcionalidad en las acciones bélicas, que es un pilar del Derecho Internacional Humanitario, regulado principalmente en el Protocolo Adicional I de 1977 a los Convenios de Ginebra de 1949. No está de más buscarlo y leerlo. Este documento, en su artículo 51, prohíbe cualquier ataque que cause pérdidas civiles o daños a bienes que sean excesivos en comparación con la ventaja militar que se espera obtener y establece así un equilibrio entre las necesidades militares y la protección de la población.
Por otro lado, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (1998) tipifica como crimen de guerra los ataques que violen este principio. La Carta de las Naciones Unidas (1945), aunque no lo aborda directamente, introduce el concepto de proporcionalidad en su artículo 51 sobre legítima defensa. En conjunto, estas normas buscan contener la violencia en los conflictos armados y tratan de evitar que la guerra se convierta en un ejercicio de destrucción sin límites.
Es cierto que son muchos los argumentos que deberían situarnos en sintonía con la democracia de Israel. El aliado estratégico en Oriente Medio, la defensa de la democracia, el respeto a los derechos humanos, la cultura y los lazos históricos, la estabilidad, la lucha contra el terrorismo, el contrapeso con Irán parecen ser suficiente peso en la balanza cuando nos toca elegir. Sin embargo, no resulta sencillo ponerse del lado de un país que utiliza sus recursos armamentísticos de modo indiscriminado contra la población civil y que parece obviar el principio de proporcionalidad de un modo tan flagrante. A nadie se le escapa que lo que sucede en Gaza dejó de ser proporcional hace ya mucho tiempo y es algo muy distinto y poco democrático. Si las democracias tienen que defender acciones así para sobrevivir, algo no funciona bien en esa parte del mundo que siempre se ha creído la buena de la película.
