Conocida como Erika pide cuotas para la guerra mientras busca que le sea levantada la orden de captura haciéndose pasar como integrante de las disidencias Farc
Una serie de videollamadas hechas por una mujer que, con un tono que fingida amabilidad exige a sus interlocutores el pago inmediato de “cuotas para la guerra”, tiene atemorizados a cientos de comerciantes y dueños de pequeños negocios de Florencia, San Vicente del Caguán y otros del municipio del Caquetá.
La cobradora, que a veces aparece con uniforme de campaña y un fusil terciado, se identifica como Érika. Los servicios de inteligencia y la mayoría de las víctimas saben bien que se trata de la esposa de alias ‘Calarcá’, jefe de una temible estructurada armada disidente de las antiguas Farc que se hace llamar comandante del Estado Mayor de Bloques y Frente, producto de una ruptura con el Estado Mayor Central de Iván Mordisco, que está negociando con el gobierno.
Ella y Urías Perdomo, quien dice ser jefe operativo de la organización, visitan a algunas de las víctimas y convierten en víctimas de secuestros express -una modalidad en boga en la región- a aquellos que ser niegan a hacer sus aportes. Una de ellas, Jesús Guillén, denunció formalmente a las autoridades que fue obligado a entregar su patrimonio a cambio de que le respetaran su vida y su integridad.
Alias Érika quien presumen de su apelativo como “reina de la extorsión” junto a Urias Perdomo buscan aprovecharse de la negociación del grupo de Calarca con el gobierno Petro dentro de la paz total. Ya lograron colarse en una lista preparada por su organización de “postulados” para que les sean levantadas las ordenes de captura. Esta mesa de negociación la lidera la exparlamentaria Gloria Quiceno quien entró a reemplazar a Camilo González Posso.
Durante un reciente encuentro con el ministro de Defensa y miembros del alto mando militar, el gobernador del departamento, Luis Francisco Ruiz Aguilar, les rogó que intercedan ante el gobierno y la Fiscalía para evitar que las ordenes de capturan sean revocadas porque eso sería tanto con refrendar ilimitadamente la patente de corzo que usan para su ejercicio criminal.
De acuerdo con las denuncias del gobernador, la extorsión es la forma de economía ilegal más rentable para la organización de ‘Calarcá´’, mucho más que el tráfico de cocaína o que la minería que destroza el ecosistema ambiental. No hay cifras verificables porque el subregistro de casos, resultado del temor a denunciar, es muy alto. Pero se trata de un fenómeno palpable y agobiante.
A la lista de víctimas se suman personas que nunca, ni siquiera cuando las Farc estaban activas, corrieron tantos riesgos. “Hasta los especialistas médicos son citados para que paguen a cambio de poder ejercer su oficio profesional”, asegura Ruiz. No es novedad alguna que todos los contratistas de obras públicas, sin excepción, deban ceder ante las extorsiones.
Otro componente de la industria criminal en la región es el despojo de tierras. Durante la segunda semana de octubre de 2025 una familia de la vereda Mirolindo de San Vicente del Caguán fue obligada a abandonar su propiedad y nadie, ni la fuerza pública, ni la personería, ni el gobierno local, atendieron su ruego de protección.
De la presión armada no escapan tampoco las juntas de acción comunal, obligadas a la organizar “guardias campesinas” para mantener a la disidencia al tanto de movimientos de las Fuerzas Armadas y de otros grupos en las comarcas de la región. La junta que no lo haga es obligada a pagar millonarias “sanciones” o se ve expuestas a otro tipo de sanciones.
El propio gobernador conoce bien a Urías Perdomo porque ha sido víctima de sus acciones. Lo reconoce como el mismo hombre que 12 de agosto atacó con explosivos una casa de la familia de su esposa. Tras el ataque desaparecieron 400 cabezas de ganado.
“La paz total es un fracaso total en el mi departamento”, concluye el mandatario.
