La crisis más profunda en 35 años del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) llegará este viernes 30 de octubre de 2026 a su punto de decisión. La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, ese día a la sesión del Consejo Directivo de la entidad, donde expondrá el panorama completo de un problema que ella misma juzga como desbordado.
La sesión es crítica porque de ella depende si se asegura la atención en salud para lo que resta del año para más de 837.000 afiliados entre docentes activos, pensionados y sus familias.
La ministra no llegará con un informe de empalme. Lo hará con un diagnóstico forense. Según el balance técnico expuesto en la antesala durante debates de control político en las comisiones sextas de la Cámara y séptima del Senado la semana pasada, el Fomag registraba, con corte a junio de 2026, un patrimonio negativo de $3,198 billones.
| Lea también: La contralora que destapó escandalosos pagos de $4,4 billones en la Fiduprevisora en la recta final del gobierno Petro
Su déficit total alcanzaba para esta vigencia $2,7 billones, convertido en una bomba que amenaza la salud y las pensiones de sus beneficiarios. El déficit acumulado en salud de $4,5 billones, frente a una necesidad proyectada de $8,44 billones y solo $3,94 billones disponibles.
“$2,4 billones”, se lee en el balance de cuentas por pagar a prestadores, de los cuales $1,24 billones llevan más de 180 días en mora, según la Superintendencia Nacional de Salud.
Más de 97.000 tutelas, derechos de petición y quejas acumuladas a julio de 2026, reflejan la creciente inconformidad de los afiliados.
Cuando los auditores examinaron la información disponible se toparon con 59 hallazgos críticos administrativos, financieros y de prestación de servicios. La Supersalud, a su vez, hizo 38 hallazgos sobre el modelo de atención.
“Este tema está desbordado, desbordado en tutelas, desbordado en derechos de petición, desbordado en quejas”, resume la ministra Hoyos.
En la sesión del 2 de octubre, la Junta ya había tomado una medida de emergencia que consistió en trasladar $859.000 millones del rubro de pensiones al rubro de salud para que el presupuesto de esta última área pasara de $3,7 a $4,6 billones. Así logró conjurar la parálisis inmediata. Pero la medida destapó otra alarma. Entre 2025 y 2026 se trasladaron más de $2 billones de pensiones y cesantías a salud, según denuncia de la senadora Claudia Margarita Zuleta. Solo en 2025 fueron $1,2 billones, 900.000 millones de ellos de pensiones.
El Ministerio asegura que las pensiones de este año están garantizadas, pero el faltante adicional para cerrar 2026 es aún de $1,8 billones, según Hacienda.
Ante ese panorama, Hoyos pidió al presidente Abelardo de la Espriella una auditoría forense para rastrear los flujos de capital público y denunció que tuvo que interponer siete tutelas contra la administración anterior para que la Fiduprevisora entregara información del contrato de fiducia.
Una crisis históricaPara entender la crisis hay que ir a 1989. Antes de la Ley 91 de 1989, las prestaciones y la salud de los maestros estaban en manos de las Cajas de Previsión departamentales y de la Caja Nacional de Previsión. Esas cajas acumularon una deuda gigantesca porque no pagaron prestaciones ni prestaron el servicio. Las pensiones y la salud se convirtieron en el coto de caza de sus funcionarios.
Tras paros y movilizaciones del sindicato Fecode, el gobierno expidió la Ley 91 de 1989. A través de ella creó el Fomag como una cuenta especial de la Nación, sin personería jurídica ni autonomía administrativa, cuyos recursos serían manejados por una fiducia.
La Fiduprevisora se encargaría del 90 por ciento de capital público y del diez por ciento del privado. La Junta Directiva quedó conformada por cinco miembros, tres del Gobierno y dos de Fecode.
La idea era centralizar la deuda histórica y garantizar los pagos de cesantías, pensiones y salud. Pero nunca esa deuda fue saneada del todo. Las obligaciones de los departamentos se incorporaron al patrimonio del fondo y muchos entes territoriales nunca hicieron amortizaciones.
Desde entonces, el modelo ha sufrido tres fracturas. Primero fue una privatización encubierta. Con la Ley 100 de 1993, la salud del magisterio, que era un régimen exceptuado, empezó a operarse con pliegos a prestadores privados. Los docentes pensionados terminaron cotizando 12 por ciento sobre las mesadas 13 y 14, es decir, más que los activos.
| Lea también: Los maestros se quedaron sin los servicios de la Fundación Santa Fe por los millones que le deben
Luego giró un carrusel de intereses. La Contraloría documentó cómo por demorar el pago de 286 facturas de alto costo por $87.470 millones en 2017, el Fondo terminó pagando $116.104 millones adicionales solo en intereses de mora y sanciones. Eso significa que se pagó más por la sanción que por la deuda.
Según expertos y analistas, el origen inmediato de la crisis actual es el Acuerdo 003 del 1 de mayo de 2024, del gobierno de Gustavo Petro, que cambió por completo el modelo de salud. Por ejemplo, concentró en la Fiduprevisora la contratación, auditoría y el pago, pasó del pago por capitación a pago por evento, y contrató más de 3.000 operadores, muchos sin contrato formalizado. La Procuraduría que ya lo había advertido en abril de 2026.
El problema se agravó porque el sistema no auditó a tiempo, los costos se dispararon, los prestadores dejaron de recibir giros y la atención se vino a pique. En Medellín, por citar un caso, la ministra constató que entre 300 y 400 maestros llegan a diario a una sede y salen sin atención.
El punto de decisión
La Junta Directiva del viernes 30 no solo debe aprobar más traslados o priorización de recursos pendientes con Hacienda y Salud. Debe decidir si avala la auditoría forense, si compulsa copias a la Fiscalía y a los organismos de control por los 59 hallazgos y si redefine el modelo del Acuerdo 003.
El Gobierno propone mesas con Fecode, los ministerios y las secretarías de salud para construir una salida concertada. La ministra insiste en que la prioridad es garantizar la prestación de los servicios que corresponden y que encontró una fractura que viene de atrás, pero que se agravó con el modelo de 2024. Para los 330.000 maestros que hoy sostienen el sistema educativo con clases, y para los secretarios de Educación que se reunieron esta semana en un Encuentro Nacional, el Fomag no es un balance contable. Debe ser la garantía de que si se enferman, los atienden.
Navegación de entradas
