Los seis empresarios que fueron condenados por la Audiencia Provincial de Murcia a diversas penas de prisión y multas tras reconocer que prostituyeron a varias menores no ingresarán, al menos de momento, en la cárcel después de que La Sala haya suspendido este martes su condena.
Así, 12 de los 13 condenados, entre los que se encuentran las «mamis» que se ocupaban de prostituir a las chicas, han comparecido entre este lunes y este martes en la Audiencia para decidir sobre su situación personal. La Fiscalía no se ha opuesto a la suspensión del cumplimiento efectivo de las penas de prisión cuando las mismas no superan los dos años de cárcel, pero ha adelantado que recurrirá aquellas, como es el caso de varios de los empresarios, que sí los rebasan.
De esta forma, el tribunal ha acordado finalmente la suspensión en varios casos porque considera que, según la legislación vigente, procede esa medida al valorar la pena impuesta por cada delito, individualmente, mientras que la Fiscalía opina que para considerar si se rebasan esos dos años se ha de tener en cuenta la suma de todas ellas.
Ya este lunes, La Sala decidió suspender la pena de prisión para cuatro de estos empresarios. En esta segunda vistilla ha comparecido otro empresario, que ha visto también aceptada su solicitud de suspensión, con la conformidad del fiscal, de doce meses de cárcel por dos delitos de prostitución y que se ha mostrado arrepentido por los hechos. Otro empresario, aunque no ha comparecido por razones de salud, tampoco ingresará en prisión al ser su condena de seis meses por un solo delito.
En todos estos casos, los beneficiados han aceptado asimismo las condiciones de no volver a delinquir en los próximos años, guardar un alejamiento de 500 metros de las víctimas y seguir un curso de reeducación sexual.
Con las comparecencias de este martes solo falta por declarar uno de los condenados, encargado de llevar a las chicas a los lugares de contacto, que se encuentra de viaje de trabajo y que ha sido citado para el próximo lunes. Así, La Sala todavía tiene que pronunciarse sobre este caso, aunque el fiscal no se opone a que su única pena, de cinco meses de cárcel, quede también suspendida, por lo que presumiblemente tampoco irá a prisión.
Posible suspensión para las «mamis»
En esta segunda sesión se ha analizado además si procede acordar la suspensión de una de las «mamis» que fue condenada en el juicio de conformidad a dos años por cada uno de los tres delitos de prostitución de menores que reconoció. Esta mujer ha mostrado su arrepentimiento y ha dicho que tiene un hijo que depende de ella y que nunca antes de estos hechos había tenido problema alguno con la justicia.
El fiscal se ha opuesto a la suspensión de su condena y, en esta ocasión, el tribunal se ha reservado su decisión para darla a conocer en los próximos días con el fin de poder analizar todas sus circunstancias personales.
La misma situación se ha producido este martes con respecto a otra de estas mujeres, que fue condenada por seis delitos a dos años de cárcel por cada uno y que ha alegado en su defensa que tiene arraigo en España y que desde hace unos años posee permiso de residencia y está totalmente reinsertada en la sociedad.
Un acuerdo con Fiscalía
Fue el pasado 11 de septiembre cuando los trece procesados, siete de ellos empresarios, que crearon una red de prostitución de menores, alcanzaron en la Audiencia Provincial un acuerdo de conformidad con la Fiscalía. Este eludía las penas de cárcel, reconocía los delitos e imponía multas de entre 540 y 4.320 euros, e indemnizaciones a las víctimas de entre 500 y 2.000 euros.
Desde que se conoció la sentencia de conformidad han sido varias las organizaciones que han pedido el ingreso en prisión de los condenados, las últimas de esas manifestaciones han sucedido este domingo a las puertas de la Audiencia, una concentración que también se repitió este lunes. Además, desde ese pacto la Fiscalía ahora es ejercida por otro magistrado distinto al que llegó al acuerdo, por lo que este lunes sorprendió la decisión del Ministerio Público de recurrir las condenas.
Menores de entre 14 y 17 años
Los hechos ajusticiados tuvieron lugar hace una década. De hecho, fue en 2015 cuando la Policía Nacional dio por desarticulada esta red que captaba a jóvenes de entre 14 y 17 años en colegios y discotecas de la Región de Murcia, o a través de anuncios de Internet para que se prostituyeran en pisos de alterne y a domicilio.
En el operativo inicial fueron arrestadas 29 personas, entre las que figuraban las tres máximas responsables de la organización y 15 demandantes de servicios sexuales que solicitaron expresamente a menores de edad.
La red actuaba en Murcia, sus pedanías y municipios de alrededor como Lorquí. El perfil de los clientes, por su parte, era «muy variado», con edades de 40 a los 80 años, y llegaban a pagar desde 80 a 200 euros por cada servicio. Parte de este montante se lo llevaban las víctimas y otra los organizadores, tal y como trascendió cuando se dio a conocer el operativo
