La Asociación de Fiscales ha reaccionado con «profunda indignación» ante la «insuficiente» y «vaga» respuesta de la Fiscalía General del Estado (FGE) por la «presencia en sus dependencias de una persona vinculada a un grupo criminal», en referencia a Leire Díez, «que pretendía actuar contra instituciones del Estado y contra varios integrantes de nuestra carrera».
«Hasta ahora hemos optado por solicitar con discreción a la Inspección Fiscal que realizara las actuaciones oportunas para el esclarecimiento de los hechos», ha afirmado la Asociación en un comunicado difundido este miércoles y recogido por Europa Press; pero, prosigue, «debemos afirmar que la explicación ofrecida» por el Ministerio Público, «deja sin respuesta cuestiones esenciales».
Este comunicado llega horas después de que la FGE haya admitido al juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso que se produjeron dos reuniones de Diego Villafiñe, ex teniente fiscal de la Secretaría Técnica durante el mandato de Álvaro García Ortiz, con la exmilitante socialista y Jacobo Teijelo, abogado del exdirigente del Partido Socialista Santos Cerdán.
En este sentido, la Asociación, que dice representar el «sentir mayoritario de la Carrera Fiscal», ha incidido en que «no te trata de una comparecencia ante cualquier fiscalía», sino que «la reunión tuvo lugar en la sede de la Fiscalía General del Estado», «fuera de horario» de atención habitual y «con una intervención directa de responsables de primer nivel de la institución».
Y han denunciado que no conste «apertura de diligencias» para verificar «la existencia de una serie de hechos presuntamente cometidos por terceras personas que podrían tener relevancia penal, a juicio del letrado informante», como sostiene el comunicado publicado este miércoles por el Ministerio Público.
«No se explica la aplicación de los criterios establecidos en la Circular 2/2022» sobre «la actividad extraprocesal en la investigación penal» que es «el instrumento» que regular «la respuesta institucional ante comunicaciones de esta naturaleza», y han calificado de «llamativo» que esto se produjese mientras Villafañe era responsable de preparar y elaborar los documentos internos de la institución.
Por qué se informó a García Ortiz
En este sentido, han afirmado que «resulta difícil comprender la celebración de sucesivas reuniones y la intervención de los más altos responsables» de la FGE si los hechos «carecían» de relevancia penal. Y de lo contrario, «resulta igualmente difícil entender por qué no se siguieron los procedimientos previstos por la propia Fiscalía para su análisis y eventual investigación».
Siguiendo las explicaciones de la Fiscalía, la Asociación ha puesto en cuestión que se informara al Fiscal General de Estado de una reunión «inocua». «Si no justificaba actuación alguna, ¿por qué se concertó una reunión de estas características?, ¿Quién facilitó el acceso y autorizó una recepción tan excepcional?, ¿se concertó una cita con él y por eso hubo que dar cuenta?».
Asimismo, han exigido «máxima» transparencia y «explicaciones completas, verificables y públicas» para no comprometer «la credibilidad de la propia Fiscal General», Teresa Peramato. «Era el momento» de «rechazar sin ambigüedades cualquier intento de intimidar o atacar a quienes ejercen sus funciones con independencia», así como de «defender la honorabilidad de los fiscales afectados».
La Asociación de Fiscales ha reclamado una respuesta sobre «cómo se produjo esta actuación», «quién la autorizó», «qué decisiones se adoptaron» y «por qué se apartaron de los cauces ordinarios». «La gravedad de los hechos exige transparencia. La defensa de la institución exige responsabilidad, y responsabilidades», han aseverado.
