Los dos decretos de vivienda redactados y negociados contra reloj por el Gobierno después del desahucio en Madrid de Maricarmen Abascal se quedarán, previsiblemente, en papel mojado. Al menos por el momento. Junts confirmó esta jueves al filo de las 22.30 horas su voto en contra en el pleno extraordinario que se celebra este viernes en el Congreso de los Diputados.
El segundo de los textos, el relativo a la renovación automática de los alquileres, ya estaba condenado de antemano debido al anunciado rechazo tanto de los posconvergentes como del PNV y de Coalición Canaria. Los números no daban en ningún caso. El primero, el Real decreto ley 26/2026, que concentra las medidas de mayor alcance con varias concesiones, precisamente, a los socios conservadores del Gobierno, pendía de la abstención de los nacionalistas catalanes. Y ahora tampoco prosperará.
El documento contempla, entre otras cosas, prórrogas de dos años de los alquileres cuya vigencia finalice en 2028 o una protección contra los desahucios. Para Junts, se trata de una norma que acabaría «haciendo más difícil encontrar un piso, más difícil pagarlo y más difícil acceder a él para las familias de clase media y trabajadora». Por ese motivo, explicó, ha pedido a su grupo que reclame al Ejecutivo su «retirada» y le inste «a elaborar inmediatamente un nuevo texto que empiece a revertir la grave situación de la vivienda». Cuando esté listo y se apruebe en Consejo de Ministros, y solo entonces, darán «su voto favorable».
Fuentes de Moncloa aseguraron una hora después que no se producirá ninguna retirada. El Gobierno considera que ha buscado «consenso a la altura de las demandas» y ha llegado la hora de que PP, Vox y Junts «demuestren si, en materia de vivienda, están con la ciudadanía o con los especuladores, con las clases medias y trabajadoras o con las élites». El ministro de Transportes, Óscar Puente, fue más categórico. «Los que pretendían responsabilizar al PSOE, ¿son conscientes ya de cuáles son las limitaciones? Los que decían ‘un decreto y que se retraten’ una vez más erraron. Ahora sí que se han retratado, pero de verdad», escribió en X. Por su parte, fuentes de Sumar añadieron que todavía quedaban «12 horas» para que los catalanes reflexionaran.
Una vez más, Junts se ha convertido en el factor determinante para la supervivencia de una iniciativa sensible para el Ejecutivo. Desde la calle, el Sindicato de Inquilinas, que lideró las movilizaciones tras el desalojo de Maricarmen Abascal y la posterior acampada en la Puerta del Sol de Madrid, había reclamado a los partidos políticos que permitieran la convalidación de ambos decretos, que ven insuficientes pero necesarios, una petición que queda en agua de borrajas. Estaban planeando, en todo caso, una posible réplica del ‘Rodea el Congreso’ del año 2012.
Antes del comunicado lanzado por Junts, el primer decreto contaba con 172 síes y 171 noes. El sí de EH Bildu, ERC, Compromís y BNG, el respaldo «crítico» de Podemos y PNV y el apoyo in extremis de Coalición Canaria permitían albergar cierta esperanza en el Ejecutivo.
Sánchez había pedido «altura de miras» a los grupos durante su intervención en la inauguración del Foro La Toja y les instó a dejar a un lado «la ideología» y «las confrontaciones partidistas» ante una cuestión que calificó de «pura humanidad». «La política solo tiene sentido cuando sirve para mejorar la vida de la gente», insistió Sánchez en redes sociales, asegurando que los grupos parlamentarios deberán decidir «a quién protegen». «Lo que está en juego está claro, eso lo saben todos: el derecho a la vivienda frente a la especulación», explicó, tras señalar que la ciudadanía ha salido a la calle para exigir medidas y que ahora «toca cumplir».
El Partido Popular, por último, advirtió de una «ola de pleitos» como consecuencia de los decretos «chapuza» y recordó que votará en contra al entender que no solucionan el problema, sino que lo agravan. De hecho, apuntaron a que pese a que el propio Ejecutivo reconoce en el primero de los textos que existe un problema de oferta, los dos ahondan solo en el alquiler y de una forma, en su opinión, errónea. Creen además que, de salir adelante, fomentarán la inquiokupación. «Traerán confrontación, generará una ola de recursos en el ámbito judicial y enfrentamientos», expresó el vicesecretario Juan Bravo.
