Una demanda contra una excepción legal encendió las alarmas en el Ejecutivo. La suspensión provisional de un instructivo podría abrir la puerta a la cancelación de embargos en procesos de extinción que superan los 10 años sin fallo definitivo.
El Gobierno nacional encendió las alertas ante el riesgo de que 19.869 bienes incautados a estructuras criminales, narcotraficantes y fichas de redes ilegales —avaluados en cerca de $6 billones— puedan ser devueltos a sus antiguos propietarios.
Entre los bienes comprometido hay haciendas, inmobiliarias, agropecuarias, hoteles, mansiones, cabezas de ganado y hasta carros de alta gama ligados a narcotraficantes, fichas de estructuras criminales, redes corruptas y hasta señalados aliados de grupos paramilitares, corren en riesgo de ser devueltos a sus dueños.
En efecto, el artículo 64 de la Ley 1579 de 2012 (Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos en Colombia) establece que la inscripción de medidas cautelares (embargos, demandas, etc.) y contribuciones especiales tiene una vigencia de diez (10) años, contados desde su registro. Transcurrido este tiempo sin renovación, opera la caducidad y procede la cancelación.
Y aunque aún no hay una decisión de fondo sobre esa demanda, que está en el despacho del magistrado Pablo Andrés Córdoba, el pasado 4 de febrero la Supernotariado envió una circular en la que les notifica a los registradores de instrumentos públicos de todo el país que el Consejo de Estado decretó la suspensión provisional del instructivo demandado, mientras se toma una decisión de fondo.
El asunto ha prendido las alarmas porque el efecto inmediato de la suspensión de esa directriz, como se ha interpretado en algunos sectores, es que se deben empezar a cancelar embargos y a devolver bienes inmersos en procesos de extinción que lleven más de una década sin un fallo de fondo.
