La Fiscalía General de la Nación solicitó este jueves que Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’, comandante de las disidencias de las Farc y negociador dentro de la política de ‘paz total’, sea declarado persona ausente luego de no comparecer nuevamente a la audiencia de imputación programada en su contra.
La diligencia judicial se realizó un día después de conocerse la masacre que habría dejado al menos 50 muertos durante enfrentamientos entre las facciones disidentes lideradas por alias ‘Iván Mordisco’ y alias ‘Calarcá’ en el departamento del Guaviare, a pocos días de las elecciones.
La petición fue presentada por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, quien aseguró que el ente acusador agotó todos los mecanismos posibles para lograr la ubicación y comparecencia del jefe guerrillero.
Ante esta situación, la juez 104 de control de garantías ambulante de Villavicencio aceptó avanzar con el trámite y ordenó la publicación de un edicto durante los próximos cinco días para garantizar la notificación pública del procesado.
Con esta figura jurídica, el proceso penal podrá continuar aun sin la presencia del acusado.
Fiscalía seguirá proceso penal
Una vez se cumpla el término legal del edicto, la Fiscalía podrá avanzar formalmente con la imputación de cargos contra alias ‘Calarcá’, entre ellos concierto para delinquir agravado, homicidio agravado y homicidio en persona protegida.
El abogado Fabio Humar aseguró que esta decisión evidencia contradicciones dentro de la política de paz del Gobierno Nacional.
“Esto quiere decir que fue imposible ubicar al ciudadano para las audiencias y el proceso continúa. Es un contrasentido que una persona vinculada como negociador en la ‘paz total’ siga delinquiendo mientras enfrenta imputaciones por estos crímenes”, señaló.
Por su parte, el exdirector del CTI y abogado penalista Julián Quintana explicó que la declaratoria de persona ausente no implica automáticamente la exclusión de alias ‘Calarcá’ de la mesa de negociación con el Gobierno.
Según indicó, esa decisión depende directamente del presidente Gustavo Petro, quien mantiene suspendida la orden de captura contra el jefe disidente.
“Sin embargo, sí aumenta enormemente la presión institucional para revisar los beneficios jurídicos que actualmente mantiene, como la suspensión de órdenes de captura y su rol como negociador”, afirmó Quintana.
El jurista agregó que el proceso avanzará hacia la formalización de la imputación, posibles solicitudes de medidas judiciales, fortalecimiento del material probatorio y una eventual acusación formal ante jueces de la República.
Escalada violenta en Guaviare
Mientras avanza el proceso judicial, las autoridades mantienen la preocupación por el recrudecimiento de la violencia en Meta y Guaviare, donde las disidencias de ‘Mordisco’ y ‘Calarcá’ libran una disputa territorial.
De acuerdo con autoridades locales, los recientes enfrentamientos provocaron el desplazamiento de al menos 10 familias, integradas por cerca de 50 personas, entre ellas miembros de la comunidad indígena Jiw provenientes de Mapiripán, Meta.
La confrontación representa un nuevo episodio en la escalada de violencia entre ambas facciones armadas. En enero pasado, según reportes de inteligencia, 26 integrantes de la estructura de ‘Iván Mordisco’ fueron asesinados presuntamente por hombres de ‘Calarcá’ en la vereda La Paz, en jurisdicción del municipio de El Retorno, Guaviare.
La mayoría de las víctimas presentaban impactos de bala a corta distancia, de acuerdo con información conocida por las autoridades.
