El examen de la reforma de las pensiones de José Luis Escrivá, que recientemente ha recibido el visto bueno de la Airef —aunque con profundas discrepancias—, suma nuevas críticas. Esta vez llegan desde Fedea, cuyo presidente, Ángel de la Fuente, firma este lunes un duro informe en el que afirma que la Airef se ha visto «empujada» a dar el aprobado; acusa al Gobierno de cambiar las reglas del juego «en el último minuto» y advierte de que se abre la puerta a financiar «indiscriminadamente» las pensiones mediante impuestos.
Las críticas de Fedea, un think tank próximo a algunas de las grandes empresas cotizadas de España, se centran tanto en los cambios de última hora que introdujo el Gobierno a través de un decreto en febrero, como en la definición de los criterios de sostenibilidad acordados originalmente. «El Gobierno ha actuado como juez y parte y ha regulado en el último minuto algunos detalles importantes de los cálculos de una forma muy cuestionable», sostiene De la Fuente.
En primer lugar, Fedea reprocha al Gobierno que haya contabilizado como ingresos para el sistema las transferencias que se hacen desde el Estado a la Seguridad Social para financiar partidas que deberían ser contributivas, como la mayoría de las pensiones. Teóricamente, estas deberían sufragarse mediante las cotizaciones sociales, pero desde hace años el Estado inyecta fondos procedentes de los impuestos para compensar el déficit creciente.
Para De la Fuente esto, además de ser «incorrecto», también «abre la puerta a la inclusión indiscriminada de incrementos en las transferencias del Estado». Algo que «puede desvirtuar la condición de sostenibilidad» y que «desplaza artificialmente el déficit de las pensiones a las cuentas de la administración general del Estado». Además, señala que aunque la Airef «se ha mostrado reacia» a incluir esas transferencias, que Fedea considera «un mecanismo de maquillaje contable», precisamente el incorporarlas al análisis es suficiente para «transformar el suspenso en un aprobado».
Desde Fedea también critican los cambios a mejor en las estimaciones del PIB a futuro que introdujo el decreto aprobado en febrero, apenas mes y medio antes de la evaluación. El texto estableció que las proyecciones que debe manejar la Airef se vayan sustituyendo por los datos oficiales a medida que vayan estando disponibles. Algo a lo que De la Fuente no incluye objeción.
Sin embargo, lo que sí ve cuestionable es que se hayan proyectado hacia delante los valores de PIB observados en 2023. «Si 2023 ha sido un ‘año bueno’, en el que el PIB nominal se ha situado por encima de lo esperado, la ecuación impone la improbable hipótesis de que todos los años entre 2024 y 2050 serán igualmente buenos, lo que no parece prudente», señala. Los cambios en los cálculos reducirían el nivel de gasto sobre el PIB —la forma en que se mide todo en finanzas públicas— en casi un punto. Algo que resulta «suficiente para invertir la conclusión del informe, pasando del suspenso al aprobado, aunque solo cuando se incluyen las tres décimas de transferencias».
Todo esto lleva a Fedea a concluir que la Airef «se ha visto empujada a elegir la única opción que lleva a un aprobado», que también es «la menos creíble», sostienen. «Una décima arriba o abajo habrían cambiado el resultado [del examen], lo que choca con la optimista visión sobre la salud financiera del sistema», añade De la Fuente.
La propia ministra encargada de la Seguridad Social, Elma Saiz, celebró la evaluación favorable de la Airef, pese a las duras críticas que la propia autoridad fiscal hizo sobre la reforma y el diseño del ‘examen’. «La sostenibilidad hoy está garantizada y todos los datos que podían ir bien han ido incluso mejor», expresó la ministra, que señaló que en su departamento son «muy optimistas» de cara al futuro.
Tanto Fedea como la Airef opinan que el pecado original de la evaluación pactada con Bruselas es que no es una buena métrica de sostenibilidad. Por ello, De la Fuente plantea que esa condición debería reformularse «en términos de déficit del sistema». «Lo que debería preocuparnos no es tanto el gasto en pensiones per se, como la parte de este que no se cubre con cotizaciones sociales, y detrae, por tanto, recursos de otras prioridades», concluye.
