Castilla y León ultima los detalles para acudir a las urnas este domingo, 15 de marzo, en una cita electoral que marcará el inicio de la XII Legislatura de la comunidad. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), firmó el pasado 19 de enero el decreto de disolución de las Cortes, tras agotar el margen del mandato que busca revalidar en un contexto político tensionado. Estos comicios marcan la tercera cita autonómica en apenas tres meses, tras los celebrados en Extremadura y Aragón, y prometen una nueva oportunidad para medir las fuerzas nacionales en la España interior.
La convocatoria llega tras una legislatura marcada por la inestabilidad institucional y el bloqueo administrativo. Los primeros gobiernos autonómicos de coalición entre el PP y Vox saltaron por los aires en julio de 2024, cuando la formación de Santiago Abascal rompió el pacto por discrepancias sobre la acogida de menores extranjeros no acompañados. Desde aquel sonado divorcio, la región ha operado con los presupuestos prorrogados, al no haber podido el Ejecutivo de Mañueco sacar adelante las cuentas de los últimos dos ejercicios.
En estos comicios se presenta una novedad, ya que se elegirán 82 procuradores, uno más que en la pasada legislatura debido al crecimiento poblacional de Segovia, que gana un escaño en el reparto. Castilla y León, autonomía de grandes dimensiones (representa el 18% del territorio nacional), representa únicamente un 5% de la población en España, lo que convierte a la comunidad en un «desierto poblacional» que condiciona enormemente el comportamiento de las urnas.
Candidatos y tendencias
El tablero electoral para el 15 de marzo presenta una pugna marcada por la continuidad de Alfonso Fernández Mañueco (PP), el debut autonómico de Carlos Martínez (PSOE, hasta ahora alcalde de Soria) y la consolidación de Carlos Pollán (Vox) como un factor determinante. Según la encuesta del CIS de febrero, los del PP obtendrían el 33,4% de los votos (28-38 escaños) y los socialistas se quedarían con el 32,35% de los sufragios (26-35 procuradores). Vox, por su parte, obtendría el 16,1% de las papeletas (11-19 escaños), que podría suponer una caída con respecto a los 17,6% logrados en 2022, aunque otras encuestas les ubican con cerca del 19-20% de los votos.
En el caso de otros partidos políticos, IU-Sumar podría lograr un solitario escaño (un 5,1% de los votos) y Podemos no sacaría procurador alguno, estimándole el CIS con únicamente un 3,1% de los sufragios. En cuanto a los regionalistas Unión del Pueblo Leonés, Soria Ya y Por Ávila, de las encuestas se desprenden cifras den entre el 5 y el 1%, que les podría valer para 2-4 escaños en el caso de UPL. El CIS indica que Soria Ya y Por Ávila podrían lograr un escaño cada uno.
La tendencia es clara, y las encuestas esperan una hegemonía de la derecha, con un PP y un Vox que alcanzarían cerca de 48 de los 82 escaños disponibles en las Cortes. Según cuenta a 20minutos el politólogo y profesor en la Universidad de Salamanca, Álvaro Sánchez-García, «la alternativa para formar gobierno va a estar con Vox«, ya que considera «muy poco factible» que una suma entre el PP y fuerzas regionalistas como ‘UPL’ o ‘Soria ¡Ya!’ sea una opción viable para investir a Mañueco.
La ley electoral en Castilla y León
El funcionamiento de los comicios en la comunidad está regulado por la Ley 3/1987, de 30 de marzo, Electoral de Castilla y León, que establece un sistema de representación proporcional utilizando el método D’Hondt sobre listas cerradas. Para la nueva Legislatura, las Cortes contarán con un total de 82 procuradores, un escaño más que en la anterior convocatoria debido al crecimiento poblacional de Segovia. El reparto actual de escaños es el siguiente: Valladolid elige 15 procuradores; León, 13; Burgos, 11; Salamanca, 10; Segovia, Ávila, Palencia y Zamora, 7 cada una; y Soria, 5.
Para poder entrar en el reparto de escaños, las candidaturas deben superar una barrera electoral mínima del 3% de los votos válidos emitidos en su respectiva circunscripción aunque a menudo se necesita mucho más para lograrlo. El politólogo Manuel Mostaza recuerda a 20minutos que «el sistema electoral condiciona mucho. Las fuerzas minoritarias lo tienen más complicado porque la barrera es más alta«, especialmente en territorios como Soria o Ávila, donde se reparten pocos procuradores y sacar el primer y segundo escaño es más «caro».
Escaños que bailan
Las elecciones de este domingo presentan varios escaños en disputa, especialmente en provincias pequeñas o con menor magnitud electoral. Uno de los focos está en Soria, donde la plataforma provincialista Soria ¡Ya! podría perder parte del impulso logrado en 2022. Con solo cinco procuradores en juego, las encuestas consideran difícil que Soria ¡Ya! mantenga tres procuradores.
Las estimaciones apuntan a la entrada de Vox en la provincia y a una redistribución del voto que también podría beneficiar al Partido Socialista Obrero Español. «El PSOE siempre sacaba grandes resultados, parece que va a volver a esa tendencia. Además, ha hecho una apuesta fuerte en la provincia, ya que su candidato a presidente se presenta como cabeza de lista de la provincia de Soria», afirma Antón Merino. En Ávila, el último procurador aparece especialmente ajustado entre el Partido Popular y Por Ávila, escisión de los populares que podría perder el escaño logrado en 2022. Algo similar ocurre en Zamora y Palencia, donde el último asiento se disputaría «entre el PSOE y Vox», según indica Mostaza.
En León, la Unión del Pueblo Leonés (UPL) es la única fuerza regionalista que «las tendencias marcan que va a mejorar los resultados de 2022», según Antón Merino. Los expertos sugieren que el descontento por la gestión de los incendios forestales podría permitir a la UPL pelear hasta por un cuarto procurador en León. También hay incertidumbre en Segovia, que recupera un procurador y se va hasta los 7 tras haberlo perdido en 2019 por la caída demográfica. Las encuestas no son concluyentes sobre quién se llevará ese asiento adicional, aunque los sondeos lo sitúan principalmente en disputa «entre PSOE y Vox», como señala Antón Merino.
En las provincias grandes, como Burgos o Salamanca, el escenario parece más estable, tal y como indica Mostaza, que señala que «ahora mismo, las encuestas no indican grandes cambios en ninguna de las grandes provincias». «Salamanca es un caladero típico del PP, y ganará en esta provincia de forma holgada», señala Antón Merino. En Valladolid, la circunscripción más grande y «en la que más baja el porcentaje para entrar», según Mostaza, podría abrir una ventana en la que formaciones como Sumar-Izquierda Unida aspiren a entrar. En Valladolid, recordemos, lograron procuradores en 2022 Ciudadanos y Unidas Podemos, y las encuestas prevén la pérdida de ambos.
Feudos tradicionales y cambios de tendencias
Históricamente, el mapa político castellano-leonés ha estado marcado por continuadas victorias del partido popular. Solo una vez, en las primeras elecciones celebradas en 1983, el PSOE logró hacerse con la Presidencia de la Junta. Desde entonces, se han sucedido 10 comicios en los que las urnas han otorgado el Gobierno al Partido Popular, que únicamente en 2019 logró menos votos que los socialistas, pero su pacto con Ciudadanos evitó perder la gobernabilidad.
El experto Antón Merino señala que el PSOE ha operado tradicionalmente bien en la parte norte de León, vinculada a la cuenca minera, y en la parte norte de Burgos, zonas más industrializadas con núcleos «como Miranda de Ebro», considerados feudos de la izquierda. Por el contrario, las provincias más al sur como Valladolid (salvo en sus zonas urbanas), Ávila y Salamanca han sido bastiones donde los populares han logrado grandes resultados. Sin embargo, el equilibrio urbano es frágil: el PSOE suele obtener resultados relativamente más fuertes en capitales y áreas urbanas, con excepciones como Salamanca o Ávila, según indica el experto. Tradicionalmente, el Partido Popular ha concentrado gran parte de su fortaleza en el medio rural, un patrón ligado a la estructura demográfica del territorio, con una población envejecida y dispersa.
Una de las claves de esta cita será también el comportamiento de las zonas afectadas por los incendios forestales del pasado verano, especialmente en Zamora. Antón Merino destaca que existe una «sensación de una gestión muy mala por parte de la Junta«. Por su parte, Álvaro Sánchez-García corrobora esta idea citando el llamado efecto incumbent: «cuando hay un incendio… suele haber un aumento del voto a los partidos que están en la oposición y un desgaste del partido del Gobierno», lo que, según valoran los expertos consultados, podría permitir a la UPL pelear por un «cuarto procurador» en León, ya que «el Partido Socialista no está en su mejor momento», según Antón Merino.
Regiones fieles, envejecidas… y despobladas
Según explica Sánchez-García, el fenómeno de la despoblación condiciona profundamente el sufragio, ya que «la despoblación suele aumentar el voto a los partidos de derecha». Esto ocurre, a su juicio, porque la «emigración de las personas jóvenes, por lo general mujeres y altamente cualificadas» deja municipios con una «mayor presencia de personas mayores y con menores niveles de estudios», lo que genera un perfil de «votante, por lo general y según la teoría política, más conservador«. En los lugares donde este vacío demográfico es más pronunciado, Sánchez-García señala que «quien se beneficiaba de la misma era Vox» gracias a su narrativa rural.
Esta resistencia se ve reforzada por el alto índice de envejecimiento, que actúa como ancla para los partidos tradicionales. Antón Merino destaca que «la población envejecida normalmente tiene el voto más fijado y tiene más lealtades partidistas que los nuevos votantes». Esta particularidad explica por qué la región mantiene «bastiones más fieles al Partido Popular», gracias a su fuerte «arraigo territorial y social, especialmente en las zonas rurales». Debido a esta fidelidad, Antón Merino prevé que la caída de las siglas históricas ante el empuje de nuevas fuerzas, como Vox, «probablemente sea menor que en otras comunidades autónomas«.
No obstante, el discurso de Vox se ha convertido en un factor determinante para canalizar el descontento. Según explica Sánchez-García, esta estrategia se apoya en un fuerte énfasis en las cuestiones agrícolas y en la defensa de los valores tradicionales. Santiago Abascal ha sabido explotar un «mensaje antiglobalización y contrario a la Unión Europea», según Antón Merino. Un punto clave de dicha narrativa es su oposición al acuerdo de MERCOSUR; Vox podría capitalizar el malestar de los agricultores y ganaderos en este sentido, presentándose como una alternativa más efectiva que el Partido Popular, cuyos «socios en Bruselas han apoyado mayoritariamente dicho tratado», según Sánchez-García. En general, creen que Vox «sacará muy buenos resultados» y es «fácil que sea la llave de gobierno de Castilla y León«, como es en Extremadura y Aragón, según Antón Merino.
La nacionalización del debate electoral
Ambos expertos señalan que el debate electoral ha sido fuertemente nacionalizado con la presencia constante de líderes estatales en ciudades como Burgos y Valladolid. Según Sánchez-García, es una «consecuencia inevitable” de «celebrar los comicios fuera del ciclo general», lo que convierte a la comunidad en un escaparate para los líderes estatales. Antón Merino destaca en las fuentes que «todos los líderes nacionales están acercándose a las ciudades de Castilla y León para intentar conseguir voto». Esta presencia masiva de figuras como Isabel Díaz Ayuso, Santiago Abascal o Pedro Sánchez en actos de campaña en ciudades como Burgos o Zamora «desvía un poco» el foco de atención sobre «sitios y problemas concretos», como la gestión de los incendios forestales del pasado verano.
En este sentido, el ataque de EEUU e Israel a Irán del pasado sábado, 28 de febrero, ha llenado las portadas y telediarios a nivel nacional. La posible incidencia de la guerra en las elecciones de Castilla y León se centra, según el análisis de Javier Antón Merino, no tanto en un «cambio de orientación» del sufragio, sino en un potente «efecto movilizador», especialmente dentro de un espectro de la izquierda que actualmente se encuentra «desmovilizado» por el descontento con las políticas actuales o la división de sus alternativas a la izquierda del PSOE.
