El audaz plan está en marcha y Argos estrenará planta de concreto en 2026, mientras espera indemnización y busca 3 % del mercado de cemento
Cementos Argos ya da pasos grandes en su plan de regreso a Venezuela. Ha sido la primera de las grandes empresas colombianas expropiadas por Chávez en echarse al agua, con un audaz proyecto que está en marcha de la mano de su presidente Esteban Calle Restrepo, quien sucedió el 1 de abril a Jorge Mario Velásquez.
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La idea es empezar la construcción de una planta de concreto que debe estar terminada este año. La ubicación todavía está por definirse y se evalúa si ponerla en Caracas o en alguna zona petrolera. El cambio de régimen ha dado pie al optimismo después de 20 años de estar por fuera del muy conocido mercado venezolano y haber salido sin un dólar de indemnización, dejando en Trujillo una planta que podía producir 1 millón de toneladas de cemento por año y presupuestaba 770.000 toneladas de clínker para mandar a Panamá y 300.000 para Haití.
El impulso de la construcción que se prevé tras la salida de Nicolás Maduro es lo suficientemente atractivo como para entrar a participar en el negocio. La compañía está exportando cemento desde hace unos dos años desde su planta en Sogamoso, Colombia, y evalúa usar su infraestructura portuaria en Cartagena para aumentar la eficiencia logística ante la creciente demanda en Venezuela.
La empresa ya realiza envíos a unos 900 clientes en 23 estados y en el Distrito de Caracas, con metas de superar las 5.000 toneladas mensuales, de la cuales 1.000 son de cemento blanco y 4.000 de cemento gris. Los clientes son principalmente comercializadoras de materiales de construcción, ferreterías, constructoras privadas y distribuidores locales que abastecen la demanda de la pequeña y mediana construcción.
La sentencia del comandante
A estas alturas, Cementos Argos sigue siendo un caso emblemático de las expropiaciones que Chávez hizo en vivo y en directo. El 13 de marzo de 2006 fue expropiada su planta, que funcionaba en Llanadas de Monay y que le había comprado al Estado venezolano en una subasta internacional en 1997. Ocho años operó Argos en el mercado venezolano a través de su fábrica Corporación de Cementos Andinos, compitiendo en el mercado con Holcim, Cemex, Lafarge, y Cementos del Catatumbo. En todas se cumplió la sentencia de expropiación hecha por el comandante. Solo Argos salió sin un dólar en el bolsillo.
Por 16 años la cementera colombiana dio la batalla legal para obtener la indemnización en Venezuela y por vía diplomática a distintas autoridades, mientras la planta se caía a pedazos. Tuvo que sortear inicialmente un problema legal por la acción interpuesta de un tercero que decía tener la propiedad. En 2012, el Tribunal Supremo de Justicia falló a favor de Argos.
Ahora parece haber mejores perspectivas. El panorama ha cambiado, si se tiene en cuenta la posición de Estados Unidos y especialmente del presidente Donald Trump, quien públicamente ha defendido los derechos de las petroleras extranjeras expropiadas y esa posición podría extrapolarse hacia las otras empresas. Los altos directivos de Argos creen que para dentro de unos meses podría haber decisiones favorables sobre la indemnización.
Las oportunidades venezolanas también están sobre la mesa, Argos tiene el conocimiento del mercado y las ventajas logísticas que da la cercanía. Lo clave en este momento es un marco legal para la inversión, que es la razón de ser de los empresarios. Generalmente, ellos están dispuestos a entrar arriesgando de alguna manera la rentabilidad, pero con condiciones que les permitan operar.
En línea con los planes de convertirse en gran gestor de activos de infraestructura en este continente, Argos es consciente de que las buenas perspectivas chocan con una economía muy deteriorada después de 13 años, y aún está latente la incertidumbre que no se acaba con un plumazo en la Casa Blanca.
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