El análisis de los indicadores de conflicto armado entre los periodos de Duque y Petro enciende alarmas por la triplicación del reclutamiento forzado de menores
Texto escrito por: John Pantoja
La evaluación de la seguridad y el conflicto en un país no puede medirse con apasionamientos políticos, sino con la frialdad de las cifras y el valor real que estas representan: vidas humanas. Al contrastar los indicadores de violencia en Colombia entre los periodos presidenciales de Iván Duque (2018-2022) y Gustavo Petro (2022-2025), basados en los datos recopilados por INDEPAZ y el Ministerio de Defensa, se evidencia una realidad compleja.
En la siguiente tabla se resumen los principales indicadores de violencia y conflicto armado en los dos últimos periodos de gobierno en Colombia.
IDIndicadorDuque (2018–2022)Petro (2022–2025)Tendencia en PetroFuente DuqueFuente Petro1Masacres2020: 912021: 962022: 942023: 932024: 762025: 78▼ Disminuyó 12%IndepazIndepaz2Líderes sociales asesinados2020: 3102021: 1712022: 1872023: 1882024: 1732025: 187▼ Disminuyó 18%IndepazIndepaz3Firmantes del Acuerdo asesinados181 acumulado120 acumulado▼ Disminuyó 33%IndepazIndepaz4Desplazamiento forzado (víctimas)2020: 213982021: 260062022: 496992023: 486522024: 410452025: 107453▲ Creció X 2IndepazIndepaz5Reclutamiento de niños y adolescentes2020: 1722021: 2292022: 1782024: 637▲ Creció X 3IndepazIndepaz6Miembros de Fuerza Pública asesinados en servicio2020: 942021: 1482022: 1302023: 842024: 1012025: 173▼ Disminuyó 4%MindefensaMindefensa7Miembros de Fuerza Pública heridos en servicio2020: 7092021: 11022022: 7202023: 3802024: 4992025: 765▼ Disminuyó 37%MindefensaMindefensa
Hay avances significativos que merecen ser reconocidos como triunfos de la vida, pero también alarmas encendidas que exigen una corrección de rumbo inmediata. Detrás de estos fríos números operan fuerzas ocultas y grandes poderes económicos que ganan o pierden según se mueva la balanza de la violencia.
Avances que salvan vidas es el efecto de un acuerdo de las comunidades más que una política establecida, que a la larga se traduce en personas que hoy siguen con nosotros. La disminución del 12% en las masacres, la baja del 18% en el asesinato de líderes sociales y la reducción del 33% en el homicidio de firmantes de paz salvan vidas de forma directa. A este panorama positivo se suma una reducción significativa del 37% en los miembros de la Fuerza Pública heridos en servicio, complementada por una baja del 4% en los uniformados asesinados.
¿A quién le afecta positivamente este descenso de muertes y lesiones? En primer lugar, a las familias de los soldados y policías, provenientes en su mayoría de los sectores más humildes del país, y a las comunidades rurales y étnicas que recuperan cohesión social para defender sus territorios.
Sin embargo, una menor tasa de homicidios y menos militares mutilados o heridos en combate afecta negativamente a las economías ilegales transnacionales y a los terratenientes feudales. Estos sectores dinámicos del despojo financiero utilizaban el asesinato selectivo y la guerra abierta contra el Estado como un mecanismo rápido de control social y de pacificación a la fuerza. Cuando el homicidio deja de ser una herramienta impune, los poderes que basan su acumulación de tierras y rutas de narcotráfico en la eliminación física del opositor ven debilitada su gobernanza criminal.
Sin embargo, los avances coexisten con retrocesos en dos estadísticas que demuestran una mutación de la estrategia violenta. El crecimiento al doble (X 2) del desplazamiento forzado y la triplicación (X 3) del reclutamiento de menores revelan que los actores armados han avanzado en el control de los territorios y sus jóvenes.
Este incremento del desplazamiento forzado afecta de manera principal a los pequeños agricultores y comunidades campesinas que se ven obligadas a ir a grandes urbes en busca de protección. En la otra orilla, existe un sector que se beneficia económicamente de este éxodo masivo. El desplazamiento histórico en el país siempre ha tenido un sustrato económico: desocupar tierras ricas en recursos naturales para abaratar los costos del suelo.
Grandes poderes económicos con megaproyectos agroindustriales informales o extractivistas que operan en los márgenes de la legalidad encuentran en el desplazamiento masivo una oportunidad de oro, en algunos casos literalmente. Las tierras abandonadas a la fuerza facilitan la expansión de monocultivos, la ganadería extensiva ilegal o la minería a gran escala sin la molesta resistencia de consultas previas ni organizaciones comunitarias. El desplazamiento, por ende, sigue siendo un negocio redondo para quienes acumulan tierras mediante el terror ajeno.
Los datos nos muestran un panorama de luces y sombras donde la violencia no desaparece, sino que se transforma de acuerdo a los intereses económicos en juego. Existen avances reales que salvan vidas y protegen la integridad de nuestras fuerzas armadas, lo que demuestra que cerrarle el grifo al homicidio político e institucional es posible. No obstante, para que estos avances sean sostenibles, el Estado debe entender que la vida no solo se defiende evitando el funeral o sanando las heridas de guerra; también se protege impidiendo el despojo. La paz es un estado temporal producto de un esfuerzo conjunto entre las partes pero que definitivamente rinde frutos. Cada vida humana rescatada del conflicto es un éxito para la paz.
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