En una decisión de enorme trascendencia legal y política, la Corte Suprema de Estados Unidos ha respaldado este viernes a la Administración de Donald Trump al autorizar la entrada en vigor parcial de su decreto para restringir la ciudadanía por nacimiento.
El fallo, aprobado por seis votos a favor frente a tres en contra, limita también el poder de los jueces federales para bloquear a nivel nacional decisiones del Ejecutivo.
El decreto de Trump, emitido el mismo día de su regreso al Despacho Oval, busca poner fin a la concesión automática de la ciudadanía estadounidense a todos los nacidos en el país, una práctica respaldada durante más de un siglo por la interpretación de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución. En concreto, el republicano apunta a los hijos de inmigrantes en situación irregular o con estancias legales temporales, como turistas o estudiantes.
Aunque el Supremo no se ha pronunciado aún sobre la constitucionalidad del decreto, sí ha resuelto el aspecto procesal que Trump puso sobre la mesa: si un juez federal puede suspender normas del Ejecutivo con efecto para todo el país. La mayoría conservadora del tribunal ha dictaminado que esas resoluciones deben aplicarse “de forma lo más estrecha posible”, reduciendo su alcance a los demandantes concretos y no a todo el territorio nacional.
El fallo representa un importante respaldo para la estrategia de Trump, que en sus primeros cinco meses de mandato ha gobernado principalmente a golpe de orden ejecutiva, muchas de las cuales han sido frenadas por tribunales federales. Ahora, con esta sentencia, esos bloqueos quedarán acotados, facilitando la implementación de su agenda más polémica, en especial en materia migratoria.
La jueza progresista Sonia Sotomayor, en su opinión disidente, no dudó en calificar la decisión de la mayoría conservadora como “una farsa del estado de derecho”, alertando del desequilibrio que genera entre los poderes del Estado.
