Un video revelado por el concejal Julián Espinosa mostró cómo comercializan bases de datos de pensionados, empresas y usuarios de telefoníaLa escena ocurre a plena luz del día, en uno de los sectores tecnológicos más conocidos del norte de Bogotá. Una cámara escondida registra una conversación sencilla, casi rutinaria, pero lo que aparece allí revela un negocio que se mueve con una facilidad inquietante: la venta ilegal de bases de datos con información privada de miles de colombianos. Nombres completos, números de celular, correos electrónicos, direcciones y hasta perfiles específicos de usuarios circulan como mercancía en locales de Unilago, uno de los puntos más frecuentados de la ciudad para la compra de tecnología y servicios digitales.| Lea también: 60 % de los taxistas de Bogotá que fueron registrados por las autoridades tiene antecedentes penalesLa denuncia fue hecha pública por el concejal de la Alianza Verde Julián Espinosa durante un debate de control político sobre seguridad en el Concejo de Bogotá. El cabildante presentó videos grabados con cámara oculta en los que se escucha cómo un comerciante ofrece diferentes paquetes de información personal, organizados según el tipo de ciudadano o empresa que busque el comprador. La grabación dejó al descubierto un mercado que opera sin demasiadas barreras y que podría estar alimentando delitos como extorsiones, estafas telefónicas y fraudes digitales.En las imágenes, el vendedor explica que cuenta con bases empresariales que contienen decenas de miles de registros. Según se escucha en el video, la información incluye teléfonos, correos, direcciones, razón social de compañías y nombres de contacto. Una de esas bases tendría un valor cercano a los 100 mil pesos. También aparecen listados asociados con usuarios de operadores de telefonía y empresas de servicios públicos, además de registros masivos de ciudadanos naturales que superarían el millón de contactos.Sin embargo, el material revelado por Espinosa muestra que hay una base de datos particularmente apetecida: la de pensionados. En la conversación grabada, el comerciante asegura que posee un listado nacional con cerca de 18.800 registros de adultos mayores pensionados y la ofrece por 200 mil pesos, el doble del valor de otras bases. La razón, según deja entrever, es simple: son personas más vulnerables frente a engaños telefónicos y estafas construidas a partir de información personal.| Lea también: Cómo va a enfrentar Galán y el comandante de Policía de Bogotá la disparada de los paseos millonarios en BogotáEse punto encendió las alarmas. Las autoridades y expertos en seguridad llevan años advirtiendo que las estafas más efectivas no son las más sofisticadas tecnológicamente, sino aquellas que utilizan datos reales para generar confianza. Cuando un delincuente conoce el nombre completo de la víctima, su dirección, la entidad donde recibe la pensión o la empresa de telefonía que utiliza, la llamada parece legítima. Así comienzan muchos fraudes bancarios, falsas ofertas de créditos, suplantaciones y casos de extorsión. La denuncia cobra todavía más relevancia al revisar las cifras de seguridad presentadas durante el debate. De acuerdo con los datos expuestos por Espinosa, en lo corrido de 2026 Bogotá ha registrado 441 casos de extorsión. De ellos, 214 fueron cometidos mediante llamadas telefónicas y otros 96 a través de redes sociales. Entre ambas modalidades concentran el 71 % de los casos reportados en la ciudad. Para el concejal, esa tendencia demuestra que las organizaciones criminales necesitan acceder previamente a información personal para contactar a sus víctimas con precisión.La facilidad con la que se comercializan esos datos plantea una pregunta incómoda sobre el origen de la información. En la grabación se mencionan bases asociadas con empresas de telefonía, servicios públicos y registros empresariales. Aunque no hay claridad sobre cómo fueron obtenidos los datos, el caso volvió a poner sobre la mesa la fragilidad de la privacidad digital en Colombia y la poca capacidad de control frente al tráfico ilegal de información.El negocio funciona porque existe demanda. En el video, el vendedor asegura que muchos compradores adquieren bases de manera permanente porque obtienen ganancias utilizando esos registros. Algunos las usan para ventas agresivas y campañas comerciales; otros, según las sospechas expuestas en el debate, podrían utilizarlas para actividades delictivas. Lo grave es que detrás de cada archivo vendido hay miles de personas cuyos datos terminan circulando sin autorización y sin ninguna protección.La denuncia de Julián Espinosa convirtió un problema silencioso en una discusión pública. Lo que aparece en esas grabaciones no es solo la venta clandestina de archivos digitales. Es la evidencia de una economía ilegal que se alimenta de la información privada de los ciudadanos y que puede convertirse en la puerta de entrada para extorsiones, robos y engaños que afectan cada día a más colombianos. Navegación de entradas
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