El juez instructor del caso Koldo, Ismael Moreno, dictó este miércoles una providencia para solicitar al Ministerio de Transportes la auditoría impulsada por el ministro Óscar Puente para esclarecer posibles irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. En el mismo escrito, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional solicita Transportes que indique quiénes son los funcionarios que se hicieron cargo de la elaboración de la citada auditoría. Y en un segundo escrito, firmado este mismo jueves, el instructor pregunta a la Fiscalía sobre la posibilidad de citar a Óscar Puente como testigo.
Según informó ABC el pasado martes, el Partido Popular registró un escrito en la Audiencia Nacional en el que daba cuenta de «las irregularidades detectadas» en la auditoría encargada por Puente, una investigación que no gustó a su antecesor en el cargo, José Luis Ábalos, que ostentaba la cartera en el momento en el que sucedieron los hechos.
Óscar Puente reveló el contenido de esta auditoría la semana pasada, durante su comparecencia en la Comisión de Transportes del Senado. Si bien no quiso «prejuzgar» ni hacer valoraciones, el ministro relató varias irregularidades desveladas en la investigación. Estas se produjeron desde la primera adjudicación de la pandemia, que se concedió a Soluciones de Gestión.
En un inicio, la institución iba a adquirir cuatro millones de mascarillas a esta empresa, pero 38 minutos después la cifra aumentó a ocho millones. «No puede menos que llamarse la atención sobre que esta modificación en el objeto de la emergencia no se ajusta a los criterios exigibles», reza la investigación.
Este cambio en la compra, según relata el documento, no está debidamente justificado. Al contrario, «pudiera parecer que la estimación final del alcance de la emergencia estaría más relacionada con la oferta [de Soluciones de Gestión] que con las necesidades detectadas«. Más allá de la cuantía de la adjudicación, el texto pone de relieve que el ministerio no realizó una búsqueda de otros proveedores de mascarillas. Además, la auditoría apunta a un segundo contrato, firmado seis días después de aprobarse el primero, por el que el ministerio compró otros cinco millones de mascarillas a Soluciones de Gestión.
Antes de realizar esta adjudicación, el Ministerio de Transportes no realizó «ningún estudio de necesidades que venga a justificar la adquisición» de las mascarillas. La auditoría destaca también que «en esta segunda compra sí hubo otras empresas ofertantes, algunas con precios más bajos que la finalmente elegida». Así, el documento concluye que «se considera no justificada la elección del adjudicatario», Soluciones de Gestión.
Por otro lado, de la auditoría se desprende que el ministerio no posee documentos que reflejen el destino de 6,8 millones de mascarillas encargadas en el primer contrato que se firmó con Soluciones de Gestión, de forma que sólo se conoce la entrega de 1,2 millones.
La consecuencia más inmediata de esta investigación desarrollada en el ministerio de Transportes es el cese de un alto cargo de la institución y de otro directivo de Adif, ambos imputados en la causa que dirige Ismael Moreno. Se trata del subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez, y el director general de Gestión de Personas de Adif, Michaux Miranda. El mismo martes en que desveló el contenido de la auditoría, Puente anunció desde el Senado el cese de ambos por la «pérdida de confianza» en ellos. Gómez y Miranda tendrán que declarar ante el juez el próximo 9 de septiembre.
