El nuevo curso político ha comenzado para el Gobierno con la sorpresa inesperada de tener que votar antes de lo previsto en el Congreso si continúa o no tramitándose el proyecto de ley de reducción de la jornada laboral. Pero ese debate, que a menos de una semana para que tenga lugar pinta bastante mal para el Ejecutivo, no es el único reto clave al que tendrá que enfrentarse en los próximos meses la Moncloa, que acaba de anunciar que este año —a diferencia de los dos últimos— sí intentará aprobar unos Presupuestos Generales del Estado para 2026 cuyos apoyos, no obstante, tampoco van a ser fáciles de conseguir.
Así lo reconoció el pasado miércoles el portavoz adjunto de Sumar en el Congreso y también diputado de IU, Enrique Santiago, que admitió que su formación prevé tener «serias dificultades» para sacar adelante unas cuentas para el año que viene. Los contactos entre el Ministerio de Hacienda y los grupos parlamentarios ya han comenzado de manera informal, como reconoció hace unos días la vicepresidenta primera y ministra del ramo, María Jesús Montero, pero el proceso está en sus primeras fases y, de hecho, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden para comenzar a elaborar el proyecto el pasado miércoles.
Para sacar adelante dentro de unos meses esos Presupuestos Generales del Estado, Junts se perfila como el grupo más difícil de atraer para lograr la mayoría en la que se apoya el Gobierno, como ya viene siendo habitual esta legislatura. El Ejecutivo se ha quedado sin quien era su principal interlocutor con los independentistas catalanes, el detenido y encarcelado Santos Cerdán, aunque los puentes con los de Puigdemont siguen tendidos y, de hecho, la Moncloa ha iniciado el curso político con un gesto de acercamiento a Junts a través del president de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, que se reunió el miércoles con su predecesor Carles Puigdemont en Bruselas.
Por ahora, no está previsto que el propio presidente Pedro Sánchez haga lo propio y acuda a la capital belga a reunirse con Puigdemont, aunque la Moncloa no descarta esa posibilidad y se limita a no concretar ninguna fecha para que tenga lugar el encuentro. En cualquier caso, haya foto conjunta o no, lo cierto es que Junts es imprescindible para que el Gobierno hilvane una mayoría que le permita aprobar sus primeros Presupuestos desde el año 2023, aunque tanto los ministros del PSOE y de Sumar como el propio Sánchez han dejado claro que no consideran un problema tener que prorrogar un año más las cuentas de 2023 si el nuevo proyecto es derribado por el Congreso.
No solo para aprobar unos nuevos Presupuestos el voto de Junts es indispensable. Los independentistas catalanes también serán claves la misma semana que viene, puesto que su voto será el que decante si el proyecto de ley de reducción de la jornada laboral cae o puede seguir tramitándose en el Congreso. Y lo cierto es que el Gobierno tiene, al menos por ahora, las de perder en ese debate, puesto que la negociación con Puigdemont y los suyos —que está pilotando la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz— lleva meses encallada y Junts continúa rechazando el texto, en consonancia con las patronales catalanas.
Además de esos dos asuntos, el Ejecutivo afronta este nuevo curso político el reto de sacar adelante más de 30 normas que están ahora mismo tramitándose en el Congreso. Entre ellas se encuentra una reforma para garantizar la universalidad del Sistema Nacional de Salud y ampliar los derechos a la asistencia sanitaria, otra para «reforzar la protección» a los deudores hipotecarios o la aprobación de una vez por todas de la largamente postergada ley de familias, pendiente desde la pasada legislatura.
No obstante, quizá el proyecto más señero de los que se encuentran encallados en la Cámara Baja es la reforma de la ley de seguridad ciudadana, más conocida como ley mordaza, que lleva meses sin avanzar pese a que hace casi un año EH Bildu y el Gobierno pactaron recuperar un texto muy similar al que, la pasada legislatura, fue derribado precisamente por los abertzale y ERC. El borrador incluye renuncias por ambas partes: el PSOE se comprometió a retirar «gradualmente» las pelotas de goma del catálogo de material antidisturbios que utilizan las fuerzas de seguridad, pese a que esa fue una de sus líneas rojas la pasada legislatura, mientras Bildu y ERC aceptaron un redactado mucho menos ambicioso en materia de devoluciones en caliente que, incluso, el que los socialistas les ofrecían hace un año y medio.
Desde que se conociera ese acuerdo y, semanas después, se tomara en consideración por parte del Congreso la proposición de ley, las cosas apenas se han movido. El problema, en esta ocasión, no es tanto Junts como las pugnas entre algunos de los partidos nacionalistas por la hegemonía de ese espacio político en sus respectivas comunidades. Podemos, por su parte, también se ha mostrado crítico con la reforma, que considera tibia en relación a asuntos como las pelotas de goma o las devoluciones en caliente.
