El Gobierno ha tenido finalmente que ceder y separar en dos decretos las medidas de la ley ómnibus que fue tumbada la semana pasada en el Congreso. Por un lado, aprobará un decreto con la revalorización de las pensiones, medida que genera consenso en todo el arco parlamentario, y por otro sacará otra norma en la que incluirá medidas sociales como la prohibición de desahuciar a familias vulnerables. Eso sí, esta última cuestión se verá recortada con respecto al planteamiento inicial para intentar atraer a grupos como Junts y ahora los propietarios de una sola vivienda en alquiler quedarán excluidos y sí podrán desahuciar a los inquilinos que no puedan pagarles, pese a que estos demuestren estar en situación de vulnerabilidad económica o social.
Tras unos días de negociaciones, que se han intensificado en las últimas horas, el Ejecutivo ha asumido que no podía volver a aprobar un decreto que incluyera todo porque Junts no iba a aceptarlo. Así que a pesar de que su intención no era trocear el decreto ómnibus, finalmente ha tenido que rectificar.
De este modo, fuentes gubernamentales han detallado que habrá un decreto con la subida de las pensiones de acuerdo al IPC más «otras medidas de Seguridad Social» —como la congelación de cuotas para los autónomos— y un segundo decreto con el llamado escudo social. Este último incorporará un importante recorte en sus pretensiones iniciales con respecto a la prohibición de desahucios tras un acuerdo con el PNV, tal y como han informado los nacionalistas vascos, lo que ahora pone la pelota en el tejado de los socios de izquierdas del Gobierno, sobre todo Podemos, muy reacio a rebajar esa protección.
Aunque el PNV votó a favor del decreto ómnibus la semana pasada, también se mostró muy reacio a extender la prohibición de desahuciar a familias vulnerables sin alternativa habitacional. Como la norma cayó, ahora los nacionalistas vascos han negociado una nueva redacción del decreto de medidas sociales y se han encargado de anunciarlo. Con ello, dice el PNV, se evitará que los pequeños propietarios «se conviertan en nuevos ciudadanos vulnerables» al tener que asumir «la carga del impago a la que se les obligaba».
Los votos de Junts son imprescindibles para aprobar los dos decretos. Si bien los de Carles Puigdemont se mostraron de acuerdo en revalorizar las pensiones, las medidas antidesahucios de familias vulnerables fueron el motivo por el que tumbaron el decreto ómnibus la semana pasada, de modo que aún se tienen que pronunciar sobre la nueva redacción. Podemos, en el otro lado del tablero, también es necesario para el Gobierno y en los últimos días ya ha mostrado sus reticencias a bajar la protección a las familias vulnerables que no pueden pagar la vivienda.
