El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes la declaración de nuevas zonas tensionadas en 21 municipios de Navarra, dos del País Vasco y en A Coruña, que se ha convertido en el primer territorio de una comunidad gobernada por el PP en acogerse al mecanismo previsto en la ley de vivienda. Estos reconocimientos, aprobados previamente por los respectivos Gobiernos autonómicos, se suman a las zonas tensionadas que ya están activas en Cataluña y en País Vasco. Se eleva así el número total de localidades que aplican esta medida a 301 municipios, en los que habitan más de 8,28 millones de personas.
Las localidades declaradas son zonas en las que, tal y como prevé la ley de vivienda, los vecinos dedican más del 30% de sus ingresos a pagar el alquiler o la hipoteca —incluidos los suministros básicos— o bien el precio de la vivienda ha aumentado al menos tres puntos por encima del IPC en los últimos cinco años. En concreto, los 21 municipios navarros que han adquirido esta consideración han sido Pamplona, Tudela, Valle de Egüés, Burlada, Barañáin, Zizur Mayor, Estella-Lizarra, Aranguren, Berriozar, Tafalla, Ansoáin, Villava, Corella, Valle de Elorz, Cintruénigo, Baztan, Alsasua, Huarte, Berrioplano, San Adrián y Peralta. Son los primeros reconocidos en la comunidad foral, que ya aprobó inicialmente en mayo este listado antes de remitirlo al Ministerio de Vivienda, a quien corresponde dar el visto bueno definitivo. En el caso del País Vasco, los municipios de Galdakao (Distrito 2) y San Sebastián se añaden a las cuatro localidades donde ya se declararon zonas tensionadas en mayo (Lasarte-Oria, Zumaia, Barakaldo y Irún) y a Errendería, que fue el primer municipio vasco en dar el paso a principios de año.
La declaración de zona tensionada permite desplegar medidas previstas en la ley de vivienda para hacer frente a la subida de los precios. De este modo, pasará a aplicarse en estas zonas el índice de precios de referencia para topar los alquileres. Este instrumento, elaborado por el Ministerio de Vivienda, ofrece un rango máximo y mínimo de precios según la zona y las características de cada vivienda, una horquilla que no pueden sobrepasar los nuevos contratos de alquiler firmados en zonas tensionadas cuando el propietario sea un gran tenedor o cuando la vivienda se alquile por primera vez en cinco años. En el resto del territorio esta herramienta es meramente informativa.
Asimismo, la consideración de zona tensionada lleva aparejada la obligación de las administraciones de ejecutar un plan de medidas urgentes para incrementar la oferta de alquiler, con el objetivo de revertir las dificultades de acceso en un plazo de tres años. Asimismo, este paso también permite aplicar incentivos fiscales a los propietarios. Los caseros puede beneficiarse de una bonificación del 50% si alquilan su inmueble como habitual, del 60% si lo rehabilitan, del 70% si el inquilino es menor de 35 años o se encuentra en una situación de vulnerabilidad económica y del 90% si rebajan más de un 5% la renta con respecto al último contrato, una vez aplicada la correspondiente actualización anual.
Son las comunidades autónomas quienes solicitan la declaración de área tensionadas en su territorio al Ministerio de Vivienda, que ha de dar el visto bueno a las medidas que se adopten para atajar en estas zonas el problema de la vivienda, antes de aprobar la decisión y proceder a la publicación en el BOE para su entrada en vigor. Desde el departamento de Isabel Rodríguez, apuntan a que Santiago de Compostela se sumará pronto a esa declaración y también lo harán Asturias y más municipios de País Vasco. El Gobierno defiende que esta medida contribuye a evitar la especulación y la escalada de los precios, un planteamiento que las comunidades del PP rechazan. A pesar de que Galicia ha sido la primera en aceptar la declaración de zonas tensionadas en su territorio por iniciativa de los propios municipios, la Xunta sigue defendiendo su oposición al mecanismo previsto en la ley de vivienda.
