A apenas unas horas de que se celebre el Consejo de Ministros ordinario de este martes, la incógnita sobre si aprobará de nuevo tanto la revalorización de las pensiones como el paquete de medidas del llamado escudo social que tumbó la mayoría del Congreso de PP, Vox y Junts la semana pasada se mantiene. El Gobierno lleva días negociando con los independentistas catalanes para que estos cambien el sentido de su voto y permitan la convalidación de esas medidas dentro de unas semanas en el Congreso, pero a última hora del lunes la Moncloa no había anunciado ningún acuerdo, puesto que Junts sigue insistiendo en recortar la protección contra los desahucios para familias vulnerables que incluía la primera versión del decreto. Sin embargo, la posibilidad de que trocee el decreto para aprobar la revalorización de las pensiones por su parte cobra fuerza.
Desde que el martes de la semana pasada Junts cumpliera su amenaza y derribara el paquete de medidas con el cual el Gobierno había prorrogado el escudo social y aprobado la revalorización de las pensiones, las conversaciones entre la Moncloa y los independentistas no han cesado. El Ejecutivo ha centrado sus críticas en el PP y ha preferido no cargar públicamente contra Junts, sabedor de que depende de los votos de los de Carles Puigdemont para sacar adelante cualquier nuevo decreto. En los últimos días, además, se ha mostrado dispuesto a hacer concesiones para atraer a la siempre esquiva formación secesionista.
Según detalló el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en el mismo debate parlamentario en el pleno del Congreso en el que la derecha tumbó el escudo social, el Gobierno está dispuesto a modificar el funcionamiento de la línea de avales de la que pueden beneficiarse los caseros que no puedan echar a los inquilinos que no pueden pagarles por no tener ingresos suficientes para ello. El objetivo sería que más propietarios pudieran acceder a estas ayudas compensatorias, y el propio Bolaños aseguró entonces que la Moncloa estaba «estudiando fórmulas para ampliar este mecanismo de protección a los arrendadores».
No obstante, por el momento esa oferta no ha sido suficiente para convencer a Junts, que la semana pasada rechazó prorrogar la suspensión de los desahucios de familias vulnerables con un discurso extremadamente duro. El decreto que tumbaron los independentistas junto a PP y Vox prorrogaba hasta el 31 de diciembre la suspensión de los procedimientos de desahucio solo de las familias que acreditaran tener ingresos tan bajos que les impedían hacer frente al pago del alquiler. Y solo se amparaba dentro de esta suspensión a los okupas cuando el piso en cuestión perteneciera a un propietario de más de 10 viviendas o a una empresa, siempre y cuando la persona ocupante fuera dependiente o víctima de violencia de género o acreditara su vulnerabilidad económica.
Además, la suspensión de los desahucios contenida en el decreto no era aplicable a los casos de okupación cuando la entrada en el inmueble hubiera sido violenta, o si existían indicios de actividades ilícitas. Tampoco quedaban cubiertos los casos en los que la vivienda ocupada fuera la vivienda habitual o la segunda residencia del propietario, porque —entre otras cosas— eso no sería un delito de usurpación (el que se conoce popularmente como «okupación», que afecta a viviendas deshabitadas), sino de allanamiento de morada, más duramente perseguido.
No obstante, para Junts el mero hecho de no poder pagar un alquiler y permanecer en el piso es una «okupación», y así lo calificó su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras. En los últimos días, la posición de los independentistas no ha cambiado, si bien el viernes pasado la diputada Marta Madrenas deslizó la posibilidad de volver a suspender los desahucios siempre y cuándo quedaran fuera de esa suspensión las viviendas cuyo propietario fuera dueño de tres inmuebles o menos. «¿No les parece lógico que no se puedan suspender los desahucios en el caso de que el propietario sea una persona que tiene dos o tres viviendas, contando en la que vive?», se preguntó en sede parlamentaria Madrenas.
En la misma línea se pronunció este lunes el PNV, cuya portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero, defendió recortar el escudo social dejando «exentos de asumir la carga de ofrecer una alternativa habitacional a personas en situación de vulnerabilidad» a «los pequeños propietarios con una sola vivienda en alquiler». Aplicar esa excepción, no obstante, debilitaría enormemente el alcance de la suspensión de los desalojos, puesto que en España una parte muy mayoritaria del parque de vivienda arrendada pertenece a pequeños caseros.
La izquierda presiona para que no haya recortes
Estando como están las posiciones de alejadas, al menos por el momento, la Moncloa prevé ahora trocear el decreto de escudo social y aprobar por un lado la revalorización de las pensiones —sobre la cual no hay debate y que todos los grupos apoyan— y por otra el escudo social, cuya redacción es la que es motivo de discusión. Eso fue precisamente lo que exigieron varios de los grupos parlamentarios en el debate de la semana pasada en el Congreso, cuando formaciones como el PNV, el PP o el propio Junts acusaron al Gobierno de intentar hacer un «chantaje» para obligarles a transigir con la suspensión de los desahucios para no hacer caer la subida de las pensiones.
Sumar, por su parte, también se mostró este lunes dispuesto a dividir en dos el decreto si eso ayuda a mantener abierta la negociación con Junts. No obstante, el ala minoritaria del Gobierno ha establecido como línea roja que se mantengan todas las medidas que figuraban en el paquete tumbado la semana pasada sin recortes, incluida la suspensión de los desahucios de familias vulnerables que no pueden pagar el alquiler. Y no es la única: partidos como EH Bildu, ERC o Podemos, todos ellos imprescindibles para que el Ejecutivo arme una mayoría para sacar adelante el decreto, también han exigido mantener la moratoria.
