El paquete de ayudas para hacer frente al impacto de la guerra arancelaria declarada por el presidente de EEUU, Donald Trump, seguirá vigente, aunque por apenas siete votos. Este jueves, el Congreso aprobó la convalidación del decreto que aprobó el Gobierno el mes pasado, pero finalmente lo hizo con el voto en contra del PP, que junto a Vox rechazó el texto que estuvo negociando hasta la semana pasada argumentando que el Ejecutivo no ha querido incluir en el mismo ninguna de las medidas que los populares han propuesto, singularmente la prórroga del calendario de cierre de las centrales nucleares. A favor votaron PSOE y Sumar junto a casi todos sus socios de izquierdas y nacionalistas: ERC, Junts, EH Bildu, PNV, Coalición Canaria y BNG.
Pese a que el PP rompió la semana pasada las conversaciones que había mantenido abiertas con el Gobierno desde que aprobó el decreto hace un mes y dejó en el alambre su convalidación, la Moncloa respiró tranquila el pasado lunes. Fue entonces cuando Podemos anunció que se abstendría en la votación, como ha hecho finalmente argumentando que el texto es «muy insuficiente». La posición de los morados, no obstante, ha sido muy medida: con el voto favorable del resto de los socios, que Podemos se abstuviera permitía que el decreto saliera adelante y las ayudas a empresas y autónomos siguieran en vigor.
ERC fue el último de los aliados parlamentarios del Gobierno que confirmó su voto a favor, aunque lo cierto es que se daba por hecho desde hace semanas. Los republicanos catalanes han negociado con la Moncloa una pequeña modificación en el decreto para condicionar la percepción de ayudas por parte de las empresas y autónomos afectados por los aranceles al mantenimiento del empleo. En principio, esa cláusula funcionará como lo hace en los ERTE: las compañías que se beneficien de estas medidas tendrán prohibido despedir, como les pasará a aquellas que prescindan temporalmente de una parte de su plantilla, so pena de tener que devolver las ayudas.
En el debate parlamentario no hubo sorpresas, aunque sí un tono bastante más calmado que el habitual entre los grupos parlamentarios. El responsable de economía del PP, Juan Bravo, fue el encargado de defender en la tribuna la negativa de los populares a aprobar el decreto, y lo hizo sosegadamente y agradeciendo al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que no haya tenido «ni una mala palabra» contra su partido durante las negociaciones. Bravo, no obstante, también criticó un paquete de medidas que, dijo, «es un parche», «insuficiente e ineficaz».
«Nosotros nos hemos reunido con los sectores y no piden ni más avales, ni más deuda, ni más préstamos: esta es su solución, no la nuestra», criticó el diputado del PP al ministro Cuerpo, a quien afeó que no haya querido «aceptar» las propuestas de los populares y a quien acusó de haber sido el verdadero culpable de la ruptura de las negociaciones. «Negociar no es informar de lo que va a hacer, no es un contrato de adhesión en el que nos pide que aceptemos sus medidas sin incluir ninguna de las nuestras», se quejó Bravo, que insistió en la que ha sido el verdadero escollo para llegar a un acuerdo: la intención del PP de retrasar el calendario de cierre de las centrales nucleares. «Usted podía elegir entre negociar y el muro, y eligió el muro», lamentó.
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