El Gobierno ha aprobado este martes en segunda vuelta el proyecto de ley para perdonar hasta 83.000 millones de deuda a las comunidades autónomas. La norma viajará ahora hacia el Congreso de los Diputados, donde afronta una difícil tramitación parlamentaria y se encontrará, previsiblemente, con el bloqueo de Junts. La formación independentista que dirige Carles Puigdemont sigue manteniendo que frenará las iniciativas del Gobierno, pese a los intentos de acercamiento por parte del Ejecutivo.
El proyecto de ley que llega ahora a las Cortes plantea que el Estado asuma un máximo de 83.252 millones de euros de la deuda autonómica. Una cifra que permitiría un ahorro en intereses de unos 6.700 millones de euros, ha recordado la ministra portavoz, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior a la reunión de los ministros. Un montante de ahorro que el Gobierno insiste en que se podrá destinar a mejorar los servicios públicos, pero que organismos como la Airef han señalado que no influye en la regla de gasto. Por lo que, en consecuencia, no permitiría un mayor margen en el desembolso que pueden hacer las administraciones públicas.
El pasado septiembre, cuando el Consejo de Ministros aprobó por primera vez la condonación, María Jesús Montero, se comprometió a tener lista la ley antes de abril para que las comunidades que quieran acogerse a la quita puedan perfilar los detalles técnicos antes de verano. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda reveló entonces que las autonomías tendrán un tiempo limitado para solicitar la condonación, aunque no reveló más detalles sobre los plazos.
Aunque la ley para condonar la deuda superase el trámite del Congreso, algo que se antoja complicado dado el delicado equilibrio de fuerzas, de nada habrá servido si las comunidades autónomas no la solicitan. Los gobiernos autonómicos del PP, que dirige 11 de las 15 autonomías que podrían optar a la quita (Navarra y País Vasco quedan excluidas al no pertenecer al régimen común), siguen rechazando en bloque la medida.
Los populares rechazan la forma en que se ha diseñado la condonación —primero pactada entre el PSOE y ERC con una cifra para Cataluña y después extendida al resto— y sostienen que el ahorro en intereses no se puede destinar a gasto social.
Sin embargo, más allá del debate sobre si se puede destinar o no a gasto social, lo cierto es que la quita de la deuda permitiría aliviar la situación financiera de muchas comunidades que están lejos de poder financiarse por sí mismas. La propia Airef, aunque ha sido crítica con el diseño de la norma, reconoce que la sostenibilidad financiera de las comunidades mejoraría «significativamente». Fuentes del organismo señalaron en noviembre que resultaría difícil de entender que haya comunidades que rechacen esta posibilidad, especialmente las peor financiadas.
