El Ministerio para la Transición Ecológica ha salido al paso del informe que la UCO ha aportado en la causa de los hidrocarburos que se instruye en la Audiencia Nacional y que se ha conocido este jueves. El departamento que ahora dirige Sara Aagesen cuestiona la información aportada en dicho documento y alega que se ha producido una confusión con el nombre del director de Política Energética y Minas, Manuel García Hernández.
El informe de la unidad de la Guardia Civil señala que Víctor de Aldama y su socio Claudio Rivas emplearon «aproximadamente un millón de euros» en «comprar la voluntad» del exministro de Transportes José Luis Ábalos. El propósito era que la mercantil Villafuel SL obtuviera la licencia de operador de hidrocarburos. Para ello, los investigados pagaron a Ábalos para que, a su vez, «ejerciera su influencia» en el Ministerio de Industria y en el de Transición Ecológica. En concreto, Aldama «intermedió con el director general de Política Energética y Minas, Manuel García Hernández», según refleja la Guardia Civil en el documento entregado al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional y al que ha tenido acceso 20minutos.
Respecto a dicha cuestión, Transición Ecológica señala sin embargo que García Hernández «nunca ha hablado ni mantenido contacto alguno con Víctor de Aldama» y que «de acuerdo con las informaciones de los medios de comunicación, el informe de la UCO conocido indica que Aldama remitió varios mensajes en marzo de 2021 a otra persona que comparte nombre y primer apellido con el alto cargo del Miteco, pero no segundo apellido, Manuel García Maroto».
La Guardia Civil señala efectivamente en su documento que Aldama tenía el contacto guardado como «Manuel García Maroto» pero apostilla que podría considerarse de un error y cree plausible que la identidad de la persona con la que trataba fuese el mencionado director de Política Energética y Minas.
El departameto de Aagesen también ha querido aclarar que el expediente de Villafuel «tardó en resolverse casi tres veces más que la media, desde enero de 2021 hasta el 15 de septiembre de 2022, fecha en que pudo finalmente operar» y señala que esta larga tramitación se debió a «sucesivas peticiones de información y aclaraciones».
Dichas fuentes descartan que se produjese «trato de favor hacia la sociedad» y aseveran que «hubo una gestión rigurosa y de máxima diligencia por parte de los funcionarios públicos».
