El PSOE y Junts cerraron este lunes una de las negociaciones que más se había atascado en la legislatura —ha durado más de un año— y acordaron delegar a la Generalitat de Cataluña competencias sobre inmigración que actualmente ejerce el Estado. El pacto, adelantado por la televisión autonómica catalana TV3 y confirmado por este medio con fuentes del Gobierno, se firmará y llevará al Congreso en los próximos días, posiblemente en forma de proposición de ley para agilizar los trámites. Por ahora no ha trascendido su contenido ni cuáles serán exactamente las competencias que se cederán a la comunidad autónoma.
La negociación ha terminado llegando a buen puerto después del empujón que supuso que Junts retirase la semana pasada del Congreso, como gesto de buena voluntad, su petición de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se sometiera a una cuestión de confianza, es decir, que pusiera su cargo a disposición de la Cámara Baja. Pero la pugna por la delegación de competencias migratorias a Cataluña viene de lejos y ha sido uno de los grandes motivos de confrontación en la tortuosa relación que mantienen desde el inicio de la legislatura el Ejecutivo y Junts.
Fue en enero de 2024 cuando el Gobierno pactó esa transferencia a cambio de que los independentistas permitiesen la aprobación de tres decretos. La formación que lidera Carles Puigdemont ha insistido desde el principio en que no aceptaría otra cosa que no fuera la transferencia «integral» de las competencias, pero la Moncloa siempre ha alegado que la Constitución establece límites, puesto que otorga al Estado la autoridad exclusiva sobre las materias de nacionalidad, inmigración, extranjería y derecho de asilo.
Precisamente esa ha sido la diferencia que ha provocado que las negociaciones se hayan alargado tanto, especialmente después de que, en los últimos meses, Junts haya endurecido su discurso sobre inmigración para confrontar con formaciones que le disputan los votos nacionalistas, como la ultraderechista y xenófoba Aliança Catalana. Los de Puigdemont pedían tanto que los Mossos d’Esquadra tuvieran el control exclusivo de las fronteras catalanas (y la capacidad de imponer sanciones) como que la Generalitat ostentase la capacidad de decidir sobre los solicitantes de asilo. No obstante, el Ministerio del Interior ha defendido que debía seguir teniendo la competencia sobre el control de fronteras, la regulación de flujos migratorios o la expulsión de extranjeros.
El Gobierno aseguró hace un mes que no iba a perforar el «paraguas» que establece la Constitución, que establece expresamente que las competencias relativas a «nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo» corresponden al Estado y son indelegables. Y no solo al Ejecutivo le generaban dudas las exigencias de Junts de un traspaso «integral»: también fuentes de la Comisión Europea mostraban sus dudas en febrero con respecto a la cesión de competencias como el asilo, regulado por un marco europeo de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros de la UE, o las fronteras.
El siguiente paso, el Congreso
Una vez alcanzado el acuerdo político para ceder algunas competencias sobre migración a la Generalitat de Cataluña, ahora el PSOE y Junts necesitan lograr el apoyo parlamentario. Y eso no parece tan sencillo, puesto que, además de la oposición frontal del PP y Vox, los socialistas también se van a encontrar con las dudas que genera este pacto a varios de sus habituales socios parlamentarios, el primero de ellos Sumar, que se ha mostrado favorable a la delegación de competencias pero ha rechazado taxativamente que se otorgue a la Generalitat la capacidad de negar el asilo a quien lo demande o de expulsar a extranjeros.
A la hora de ceder las competencias sobre migración, explicó hace unas semanas el diputado de IU Enrique Santiago, «tiene que haber unos criterios homogéneos de garantía de los derechos humanos y fundamentales». Y esos criterios, insistió el también portavoz adjunto de Sumar, deben ser aplicables a «todas las personas, nacionales y no nacionales: esa es la línea roja». Fuentes de Sumar explicaban entonces que, a efectos prácticos, la coalición no tiene problemas con que la Generalitat se ocupe de la gestión de los trámites burocráticos de los inmigrantes, por ejemplo, pero sí rechazan de plano que asuntos como, por ejemplo, que el Gobierno pierda la capacidad de decidir quién recibe asilo en España y quién no.
Por su parte, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, señaló hace unas semanas en una entrevista en la Cadena SER que él y su formación son partidarios de obtener «las máximas competencias para Cataluña», y el programa de ERC para las últimas elecciones catalanas planteaba la cesión de estas capacidades en lo relativo a la migración. No obstante, el programa especificaba que el objetivo debe ser «garantizar la cohesión social, los derechos humanos y la construcción nacional». Y Rufián, hace unas semanas, alertó del «discurso y las intenciones xenófobas» que, a su juicio, tiene Junts al abrir este melón.
En la misma línea, Podemos también lleva semanas expresando sus dudas sobre la conveniencia de traspasar las competencias sobre inmigración a Cataluña en un momento de auge de los discursos xenófobos en todo el mundo. De hecho, en diciembre, la coportavoz morada María Teresa Pérez aseguró compartir con Junts la desconfianza en la palabra del Gobierno, pero también denunció que los independentistas catalanes quieren ese traspaso competencial para «deportar a personas de forma absolutamente racista».
