El Gobierno se mantiene tajante con el traslado de los menores migrantes no acompañados: todas las comunidades autónomas tendrán que cumplir con lo estipulado en la ley y, de no hacerlo, habrá consecuencias. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha advertido este miércoles de que si algún territorio impide la reubicación de casi 4.000 menores procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla, «intervendrán las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado». También Félix Bolaños, titular de Justicia, ha recordado que cuentan con las herramientas suficientes como para obligarles a acatar la norma y que, no hacerlo, implicaría «consecuencias legales».
Tras aprobarse el martes el último decreto que regula estos traslados, han sido varias las autonomías del Partido Popular que han ratificado su oposición frontal a un reparto que consideran «ilegal» y «arbitrario», como ya venían haciendo en los meses anteriores. Esta reforma impone a las comunidades un mecanismo de solidaridad obligatoria para que se hagan cargo de los niños migrantes que sobrecargan los sistemas de acogida de los territorios fronterizos. Pero muchas administraciones ven en esta norma una imposición del Ejecutivo y aseguran que sus propios sistemas ya están saturados como para poder asumir la tutela de más menores. De hecho, 10 comunidades del PP y Castilla-La Mancha presentaron antes de verano sendos recursos al Tribunal Constitucional, que todavía no se ha pronunciado al respecto.
Aun así, el Gobierno central confía en que, llegado el momento, acabarán acatando la ley. «No me cabe que ningún presidente o presidenta vaya a no cumplir la ley», ha aseverado Ángel Víctor Torres, que fue uno de los dirigentes encargados de negociar la reforma con los grupos parlamentarios desde el principio. En caso de que suceda, eso sí, ha advertido de que «lógicamente tendrán que intervenir las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado» y «hacer que se cumpla la legislación». El ministro tampoco cree que los recursos de inconstitucionalidad tengan «ningún recorrido» y, tras reconocer que las autonomías que han acudido a la justicia «están en su derecho», ha defendido que la modificación legislativa del Gobierno es «absolutamente justa», en contra de lo que alegan la mayoría de autonomías.
Bolaños defiende unos criterios «objetivos» de reparto
En esa línea ha respondido también Félix Bolaños al ser preguntado sobre un posible incumplimiento de las comunidades autónomas a esos traslados que previsiblemente arrancarán en las próximas semanas. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha recordado que los cálculos para determinar a cuántos menores le corresponde acoger a cada autonomía nacen de unos criterios «objetivos, claros y absolutamente transparentes», que tienen en cuenta asuntos como la renta, el desempleo, la dispersión territorial, o el «esfuerzo previo» en la acogida.
Además, ha añadido, se estableció que todas las regiones deben contar con 32 plazas para menores por cada 100.000 habitantes, una ratio que se ha aplicado «a todas las comunidades por igual». «Cuando en alguna comunidad autónoma sus sistemas de acogida multiplican por tres esa ratio, es cuando se activa el traslado a otras comunidades», ha reiterado, antes de apelar a la solidaridad de los territorios sometidos a menos presión migratoria con aquellos que sí la sufren por su ubicación geográfica, como Canarias, Melilla, Baleares o Andalucía. «Es un decreto aplicable y, sinceramente, no me imagino que las comunidades, por mucha instrucción que puedan tener desde algún sitio, quieran incumplir la ley abiertamente, porque eso tendría también consecuencias legales«, ha zanjado.
¿Qué dice la ley?
En uno de los decretos sobre menores migrantes aprobado en julio ya se contemplan las posibles medidas que puedan activarse en caso de que no se cumpla con la ley. El protocolo, tal y como ha recordado Torres, recoge que, si la comunidad de destino se niega a hacerse cargo de la persona menor de edad, los responsables de ese traslado «podrán recabar la ayuda de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad», quienes informarán sobre lo sucedido a la Fiscalía y entregarán al niño o adolescente a la entidad de protección de menores que sea competente en ese territorio de destino. Todo ello, precisa el artículo 6 de dicho documento, «sin perjuicio de las posibles responsabilidades que pudieran deducirse».
