El fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, ha cambiado de opinión y ha sugerido ahora al Tribunal Supremo que juzga el caso mascarillas que cabe aplicar al empresario Víctor de Aldama la atenuante muy cualificada a la hora de fijar su condena por la colaboración que ha prestado para sustentar la acusación del caso. Su nuevo posicionamiento discrepa claramente con lo que expresó el pasado lunes, cuando mantuvo su petición inicial de 7 años de prisión para el presunto conseguidor de la trama, lo cual, según publicaron varios medios de comunicación, fue consecuencia de una orden de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato.
«Es posible apreciar la atenuante como muy cualificada como hace la acusación popular», ha expresado Luzón durante la exposición de su informe final de conclusiones del juicio contra José Luis Ábalos, Koldo García y el propio Aldama. En su relato, ha asegurado que la colaboración del comisionista ha sido «decisiva» para «lanzar algunas líneas de investigación«. Es por ello que la acusación popular que dirige el PP solicita para el empresario 5 años y 2 meses de prisión, sin que ninguno de los delitos de los que se le acusa supere los dos años, lo que podría evitarle pasar por la cárcel.
Pese a sugerir que cabría pedir por su parte la atenuante muy cualificada para Aldama, lo cierto es que el fiscal anticorrupción no la incluye en sus conclusiones finales del juicio, pues el lunes pasado, que era cuando debía hacerlo, mantuvo la petición de 7 años de cárcel. Lo que ha hecho ahora es plantear que sí cabría solicitarla.
Luzón ha defendido que «todo lo que el Ministerio Fiscal da por probado de la colaboración de Aldama está corroborado». Hay otras cosas, ha explicado, que no sabe si son ciertas o no, pero por eso mismo «no se han tenido en cuenta para la acusación». En su opinión, «es muy importante que sus manifestaciones no han estado orientadas a minimizar los hechos, sino que con su participación ha incorporado otros hechos que inicialmente no eran conocidos».
«Tras completarse la instrucción, la prueba es tan abundante que podemos concluir que la declaración de Aldama no es la decisiva, pero lo ha sido para abrir algunas líneas de investigación. Por eso es posible apreciar la atenuante como muy cualificada como hace la acusación popular. Por lo tanto, frente a la cansina letanía del pacto con el fiscal, lo único que hay es la estricta aplicación de la ley«, ha manifestado Luzón.
Por todo ello, el fiscal ha lanzado incluso una reflexión: «Si de verdad queremos acabar con las organizaciones criminales, debemos recompensar a quienes denuncian. Si no, la ley de silencio se impondrá en cualquier investigación de corrupción».
