Los miembros del colegio concertado Irlandesas Loreto de Sevilla, donde estudiaba Sandra Peña, han testificado este miércoles ante la Fiscalía de Menores. En su declaración han trasladado que el centro abrió protocolos de acoso y conductas autolíticas de forma interna tras conocer la situación de la alumna de 14 años que se suicidó, presuntamente, por acoso escolar, el 14 de octubre.
Según han informado fuentes próximas a la investigación, en su declaración como testigos ante el Ministerio Público, el director, la jefa de estudios, la tutora de la menor y la orientadora han indicado que el colegio tomó medidas y que estarían documentadas. Sin embargo, el expediente no se habría subido a Séneca, sistema de información para la gestión académica de la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía.
Una vez que la familia informó de la situación antes del inicio del curso y en comunicación con la propia familia y la terapeuta, se habría ubicado a Sandra Peña en una clase. También fueron designadas dos personas de referencia que ella eligió para su seguimiento -tutora y jefe de estudios- y se habrían activado la vigilancia y el resto de medidas del protocolo interno, han indicado las fuentes sobre estas testificales.
La declaración de estos cuatro testigos, que estaban citados a última hora de la mañana de este miércoles, se prolongó incluso a lo largo de toda esta tarde. Por otra parte, fuentes del propio centro escolar señalaron que, como han hecho desde el principio, están «colaborando plenamente y dando toda la información detallada» que se les requiere.
Declaración de los padres de Sandra
Además de la comparecencia de los docentes, en la misma jornada también declararon como testigos perjudicados los padres de la víctima. Ambos dieron lugar a una testifical «dura y bastante larga» -han estado unas cuatro horas en Fiscalía-, trataron de apoyar o ayudar en la investigación abierta por el Ministerio Público, indicó el portavoz de la familia y tío de Sandra, Isaac Villar.
«A nosotros, con la sanción que le puedan poner al colegio y a las menores que están investigando, el daño que nos han hecho no lo podemos recuperar en la vida, que es la pérdida de mi sobrina», ha dicho Villar a los periodistas.
Los familiares de la menor esperan que su lucha sirva para que este tipo de hechos no se repitan: «Que esa sanción sea contundente y ejemplarizante, para que a ningún centro escolar se le vuelva a pasar por la cabeza no atender a una familia cuando le presenta una situación de acoso en el colegio», añadió.
«Pensamos que no puede haber otra sanción que no sea la más alta, porque los errores que se han cometido en el centro escolar han provocado el peor de los finales, que ha sido la decisión que tomó mi sobrina de quitarse la vida», sentenció.
