El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha avalado por unanimidad la elección de Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado en sustitución de Álvaro García Ortiz, condenado a dos años de inhabilitación por revelación de datos reservados.
Según ha informado el órgano de gobierno de los jueces, los vocales han concluido que la fiscal de Sala elegida por el Gobierno reúne los méritos y requisitos determinados en la ley para ser la nueva jefa del Ministerio Público.
El informe del CGPJ era un paso obligado en el procedimiento para nombrar a la nueva fiscal general del Estado. Su dictamen, no obstante, no es vinculante para que el Ejecutivo acabe eligiendo a una persona u otra; de hecho, la mayoría de vocales del órgano no avaló la designación de García Ortiz, al que calificó como no idóneo para el puesto, y, aún así, el Gobierno acabó nombrándole.
El artículo 29.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que el fiscal general del Estado será nombrado por el rey, a propuesta del Gobierno, oído previamente el CGPJ, eligiéndolo entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión.
Peramato es licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca e ingresó en la Carrera Fiscal en 1990. En estos 35 años, ha pasado por las Fiscalías de Tenerife, Valladolid y Barcelona, así como la Provincial de Madrid. Firmemente comprometida con la lucha contra la violencia sobre la mujer, ha ostentado varios puestos en este ámbito desde distintas fiscalías. En 2018 pasó a ocupar el cargo de fiscal adscrita ante el Tribunal Constitucional, en 2021 fue promovida a la categoría de fiscal de Sala y encargada de los asuntos de violencia de género y en enero de este año fue nombrada fiscal de Sala jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo.
El siguiente paso en el proceso para nombrar fiscal general del Estado pasa por el Congreso. Peramato deberá comparecer ante la Comisión de Justicia para exponer su currículum y las principales líneas de actuación que marcarán su ejercicio al frente del Ministerio Público. Se trata de un mero trámite informativo, pues la comisión no emite conclusiones vinculantes que puedan influir en su designación.
Una vez cumplido este paso, la fiscal será nombrada oficialmente por el Consejo de Ministros y jurará o prometerá su nuevo cargo ante el rey Felipe VI. Posteriormente, acudirá al Tribunal Supremo a tomar posesión.
