El magistrado Héctor Santaella acogió la demanda de Sady Orjuela, egresado de la Universidad Cooperativa, quien actuó por iniciativa sin ser contratado de nadie
Días después de la expedición del Decreto 0030 del 19 de enero de 2026, el abogado Sady Andrés Orjuela presentó una demanda contra la medida adoptada por el presidente Gustavo Petro. El decreto eliminaba la prima especial de servicios de los congresistas, un beneficio que representaba cerca de 18 millones de pesos mensuales a los políticos.
Orjuela consideró que la decisión no solo afectaba a los congresistas, sino que también tendría consecuencias para otros funcionarios de la rama judicial cuyos regímenes salariales están vinculados al de los legisladores. Entre ellos mencionó a quienes ocupen en el futuro cargos como el Fiscal General de la Nación, los magistrados de las altas cortes y los integrantes de los tribunales superiores. En consecuencia, aclaró que funcionarios actualmente en ejercicio, como la fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Name, no resultarían directamente afectados por los efectos de su demanda.
Egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Ibagué, Orjuela sostiene que, desde la perspectiva del derecho laboral, el decreto alteraba el equilibrio jurídico del sistema salarial vigente para los altos funcionarios del Estado. En su criterio, la medida podía desencadenar un efecto en cadena, dando lugar a múltiples demandas de quienes vieran afectados sus ingresos. De prosperar esas reclamaciones, el Estado tendría que asumir millonarias compensaciones con recursos públicos. Aunque actuó sin representar a un cliente específico, afirmó que su motivación era evitar un eventual perjuicio al patrimonio de la Nación y un desorden de leyes en el sistema judicial.
El Gobierno de Petro justificó la expedición del decreto con dos objetivos principales: reducir la brecha salarial entre los congresistas y el ciudadano promedio, y fortalecer la política de austeridad del Estado. Sin embargo, la medida no prosperó. El Consejo de Estado suspendió sus efectos al considerar que existían serios cuestionamientos sobre su constitucionalidad y legalidad. Entre los argumentos expuestos figuraban una posible extralimitación de las funciones del Ejecutivo y el riesgo de generar una discriminación injustificada entre altos funcionarios cuyos regímenes salariales guardan relación con el de los congresistas.
Orjuela, especialista en derecho laboral, también ha desarrollado su carrera en procesos relacionados con el reconocimiento de pensiones y prestaciones sociales. A través de su firma, SAO Asociados, ha representado a docentes, trabajadores y miembros de la Fuerza Aérea en trámites pensionales y litigios laborales.
Con la demanda contra el Decreto 0030, el abogado buscó defender, según su interpretación, la estabilidad del sistema jurídico y evitar futuras controversias que pudieran generar elevados costos para el Estado. Al mismo tiempo, el caso aumentó su visibilidad en escenarios jurídicos de alto impacto, donde podrían surgir nuevos clientes entre funcionarios y servidores públicos involucrados en procesos relacionados con el régimen salarial y prestacional.
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