Las tensiones diplomáticas entre Colombia y Ecuador volvieron a escalar tras las recientes declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, sobre el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas Espinel, a quien calificó como un “preso político”.
En respuesta, la Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador envió una nota de protesta al Gobierno colombiano en la que exige cesar declaraciones que, a su juicio, “vulneran” la soberanía del país.
El pronunciamiento se produce luego de que Petro afirmara en su cuenta de X que “es indudable que Jorge Glas es un preso político”, tras la decisión de la justicia ecuatoriana de negar un habeas corpus al exvicepresidente, quien solicitaba mejores condiciones de reclusión por razones de salud.
Previamente, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ya había rechazado esa postura, advirtiendo que calificar a Glas como preso político constituye una injerencia en los asuntos internos del país.
En la comunicación oficial, la cancillería ecuatoriana sin mencionar directamente a Glas subrayó que no se trata de un perseguido político, sino de una persona condenada por la justicia tras procesos legítimos por delitos como asociación ilícita, además de enfrentar causas por peculado.
Asimismo, el Gobierno ecuatoriano insistió en que cualquier intento de deslegitimar decisiones judiciales desde el exterior “constituye una violación flagrante del principio de no intervención”.
El documento también califica como “falsas” las declaraciones del presidente Petro y advierte que estas contribuyen a deteriorar las relaciones bilaterales, además de desviar la atención de los desafíos comunes entre ambos países.
En ese contexto, Ecuador reiteró sus críticas sobre la situación en la frontera, señalando una “persistente falta de control” por parte del Estado colombiano, lo que según indicó ha facilitado el accionar de estructuras criminales y afectado la seguridad en su territorio.
La nota concluye con un llamado al Gobierno colombiano para cesar de inmediato las declaraciones que considera lesivas para su soberanía y para asumir un compromiso más efectivo en el fortalecimiento de la seguridad fronteriza, especialmente en la lucha contra el narcotráfico.
