Hace más de una semana que el Gobierno puso encima de la mesa 330 millones adicionales para salvar el futuro de Muface. Sin embargo, nada se sabe aún de su resolución final. Con el plazo de la licitación en suspenso desde que el pasado 25 de enero el Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública decidiera paralizarlo para incluir esta mejora, las aseguradoras ahora tienen la mirada puesta en las nuevas condiciones, que aún no se han publicado. Entre ellas destaca DKV, que ha sido la única de las tres que todavía no se ha pronunciado al respecto.
La firma perteneciente a la alemana Munich RE ha optado por el silencio al menos hasta conocer la letra pequeña del convenio y cómo se distribuirá a lo largo de los tres ejercicios (2025-2027) la subida del 41,2% planteada. La compañía liderada por Fernando Campos ha sido muy crítica tanto con el alza de la prima propuesta por el Ejecutivo como con la duración del contrato. De hecho, en una de sus últimas intervenciones públicas, Campos insistió en hacer adjudicaciones a un año para evitar costes sobrevenidos, pero también puso de manifiesto la necesidad de escuchar las peticiones de cada empresa.
Su continuidad es una incógnita, si se tiene en cuenta que en la consulta preliminar de mercado llevada a cabo por la dirección general de Muface solicitaron un incremento de precios del 40% en doce meses. Este es uno de los motivos que alimentan las dudas acerca de si se desmarca de Muface o sigue la estela de SegurCaixa Adeslas, que se ha mostrado dispuesta a seguir. El cambio de opinión ha llegado tras elevar el montante hasta 4.800 millones, una cantidad que, según han explicado, evitará que incurran en pérdidas. En el último convenio contabilizaron unos números rojos de 250 millones.
A esta cifra hay que sumar los 70 millones registrados por DKV Seguros y los 113 de Asisa. En conjunto, las pérdidas superan los 430 millones, de ahí la reticencia a aceptar un aumento medio de tarifas inferior al 40%. No obstante, en el caso de esta última siempre ha habido predisposición a presentarse al concurso. Desde Moncloa dan por resuelta la situación y sacan pecho de haber resuelto la crisis después de varias semanas de conversaciones ‘in extremis’ con el sector en aras de cerrar un acuerdo.
Desde el sindicato CSIF -una de las organizaciones mayoritarias entre los funcionarios- mantienen la presión a la espera de conocer la apertura de un nuevo plazo y defienden que «depende del Gobierno» evitar las manifestaciones previstas para el próximo 13 de febrero delante de las subdelegaciones del Gobierno en las capitales de provincias y del Ministerio de Hacienda en el caso de Madrid. Afean la incertidumbre acerca de cuándo se van a conocer los nuevos pliegos y las fechas para analizar la fecha límite y concurrir.
