De los casi 2.000 presos políticos que hay en Venezuela, dieciséis de ellos tienen DNI español, once hombres y cinco mujeres. Las detenciones más sonadas fueron, hace ahora un año, las de Andrés Martínez Adasme y José María Basoa, dos jóvenes vascos acusados de ser espías enviados desde este lado del Atlántico para conspirar contra el dictador Nicolás Maduro. A raíz de aquello, la situación de los presos políticos en Venezuela ha adquirido una dimensión inédita en la historia reciente de las relaciones entre ambos países: se trata de la mayor cifra de presos políticos españoles en el continente americano desde las guerras de independencia del siglo XIX, aunque en su mayoría son ciudadanos con la nacionalidad ibérica adquirida.
Martínez Adasme y Basoa fueron arrestados durante un viaje que realizaban por el Amazonas, entre Venezuela y Colombia. El Gobierno se pronunció aquel mes una vez Venezuela los acusó de ser agentes españoles encubiertos que debían atentar contra el líder del régimen. Sus familias niegan las acusaciones, pero de poco les ha servida, ya que continúan en la prisión de Rodeo 1 un año después. Las condiciones de dicha cárcel son, según las OGN, "inhumanas", la cual está pensaba para acoger a los presos considerados de alta peligrosidad. Sin embargo, en la práctica, se ha convertido en un centro para presos políticos donde conviven militares disidentes, civiles opositores y ciudadanos extranjeros.
La cifra de "1.808 presos políticos" sale de la ONG Foro Penal Venezolano, la cual incluye 60 menores de edad, 226 mujeres y 157 militares. Una cuenta que ha aumentado considerablemente tras el proceso electoral del 28 de julio, catalogado como fraude por casi la totalidad de la comunidad internacional. Esta nueva ola represiva eleva el número total de presos con nacionalidad española a 16 personas, lo que ha generado creciente preocupación tanto entre sus allegados como en sectores de la sociedad civil en España y América Latina.
¿Por qué Exteriores no actúa para liberar a sus compatriotas?
En pleno ataque de EEUU contra el narco, España se pone de perfil. El ministerio de Albares tiene a dieciséis compatriotas en las cárceles venezolanas, pero no dice esta boca es mía. A pesar de la gravedad de los hechos, el Gobierno español ha mantenido un perfil bajo en todo este asunto y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, no se ha pronunciado sobre la libertad deseada por estos dieciséis presos políticos, ni se sabe si ha llegado a contactar con el canciller venezolano, Yván Gil, porque no ha confirmado este extremo en ninguna parte. No sucedio igual en otras crisis similares en países con los que las relaciones de España no eran tan positivas.
Además de los dos vascos apresados en 2024, entre los españoles en prisión se encuentran:
Jorge Alayeto, empresario arrestado en 2017. Le confiscaron su hacienda y su vehículo, y fue víctima de torturas durante su reclusión.
María Auxiliadora Delgado Tabosky, detenida desde hace cinco años por ser hermana de un militar acusado de conspiración.
Ángela Expósito, arrestada por cuidar a los perros de otros presos políticos.
Karen Hernández, vinculada al fallido intento de desembarco militar conocido como Operación Gedeón en 2020.
Fernando Noya, estudiante y cuñado de Antonio Sequea, el militar que liberó a Leopoldo López durante el intento de golpe en 2019.
Otro caso de alto perfil es el de Rocío San Miguel, figura destacada de la sociedad civil venezolana, arrestada en febrero. Su exmarido, Alejandro González, ciudadano hispanovenezolano y exdirectivo de la petrolera Chevron, también está preso. Según su hermana, González fue interrogado sobre fotografías vacacionales con San Miguel, a pesar de que la pareja estaba separada desde hacía un año.
Las pruebas presentadas contra San Miguel incluyen mapas de las regiones militares de Venezuela que estaban disponibles públicamente en la web de su organización, Control Ciudadano. Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han calificado estos procesos como parte de un patrón sistemático de "terrorismo de Estado".
Miguel Moreno Dapena, marinero canario detenido tras la captura del buque cazatesoros N35 en aguas del Esequibo.
Ernesto Gorbe Cardona, valenciano de 52 años, arrestado por tener la visa vencida y presuntamente extorsionado por las autoridades.
Uaiparu Guerere, empresario de 69 años que fue detenido tras regresar a Venezuela desde Barcelona por motivos comerciales.
Jesús Ernesto Castillo, joven hispanovenezolano residente en Barcelona, capturado por civiles armados mientras se encontraba de vacaciones en Mérida.
Leticia García, quien comparte celda con Rocío San Miguel en la prisión del Helicoide, centro gestionado por el SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia).
Sofía Sahagún, detenida en el aeropuerto de Maiquetía cuando intentaba regresar a España.
Montserrat Espinosa, dueña de una pizzería.
Catalina Ramos, activista cercana a la opositora María Corina Machado.
Jesús Enrique Gómez, acusado de conspiración.
Los presos extranjeros, especialmente estadounidenses y europeos, han sido en múltiples ocasiones utilizados por el régimen de Maduro como instrumentos de presión y canje diplomático. Según testimonios recogidos por medios como El Mundo, los detenidos viven en condiciones extremadamente precarias, con acceso a alimentos, medicinas o artículos básicos dependentiente de sobornos o pagos extraoficiales a los carceleros.
La ausencia de garantías procesales, el uso de pruebas fabricadas o sin fundamento, y las condiciones inhumanas de detención han sido ampliamente documentadas por organismos internacionales. La implicación del Gobierno y la UE —así como otros organismos internacionales— resulta fundamental para asegurar la protección de sus derechos.
