Hay palabras que suenan bien en un discurso. Inclusión. Justicia social. Protección de los vulnerables. El Gobierno las pronuncia con frecuencia cuando habla de personas mayores, dependencia o discapacidad. Sin embargo, la verdadera prueba de una política pública no está en las declaraciones, sino en las normas que aprueba.
Hoy, 1 de septiembre, entra en vigor la Orden ISM-541/2026, que amplía la obligación de recibir notificaciones electrónicas de la Seguridad Social a personas en incapacidad temporal y a quienes tramitan procedimientos relacionados con incapacidad permanente. Sobre el papel, se presenta como un avance en eficiencia y modernización. En la práctica, corre el riesgo de convertirse en una barrera más para quienes ya acumulan demasiadas.
La Administración parece dar por hecho que todos disponen de medios digitales, conexión a internet y conocimientos suficientes para desenvolverse en una sede electrónica. Pero la realidad social es otra. Hay personas mayores que nunca han utilizado un certificado digital. Personas con discapacidad visual, intelectual o cognitiva para quienes acceder a una notificación no es un trámite sencillo. Personas dependientes, enfermas o con tratamientos complejos que bastante tienen con superar su situación como para vigilar constantemente un buzón electrónico.
Lo más preocupante es que la carga vuelve a trasladarse al ciudadano. Si no puedes acceder a la notificación, tendrás que buscar ayuda, depender de un familiar, desplazarte a una oficina o confiar en que alguien te acompañe… Y luego hablamos de ¡promocionar la autonomía! La Administración se digitaliza; el problema es que quienes no pueden seguir ese ritmo quedan atrás.
No estoy en contra de la tecnología. Al contrario. La digitalización bien planteada puede simplificar la vida de las personas. Pero modernizar no es obligar. Modernizar es garantizar que nadie pierde derechos por carecer de herramientas, conocimientos o capacidades.
Cuando una persona puede perder un plazo, una prestación o su derecho de defensa por una barrera digital, dejamos de hablar de eficiencia administrativa para hablar de desigualdad.
La verdadera sensibilidad hacia los más vulnerables no consiste en invocarlos en los discursos. Consiste en legislar pensando en ellos. Y esta vez, me temo, se ha vuelto a legislar sin escucharlos.
