La demanda contempla una medida cautelar que busca suspender provisionalmente este decreto, argumentando que con ella “se protege y garantiza, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia”.
¿Qué plantea la demanda?
De acuerdo con el abogado Germán Calderón España, el decreto emitido por la administración del alcalde Galán carece de motivación, además, violó los derechos a audiencia y defensa de los moteros, al igual que derechos fundamentales a la libre circulación, a la libre movilidad, al trabajo, entre otros.
“El decreto acusado no tiene una motivación estadística, ni real de la situación de la vulneración que puedan producir los moteros y la posibilidad legal de transitar con parrillero, pues, simplemente se limitó a hacer unas consideraciones sobre la accidentalidad y sus consecuencias, sin embargo, no expone la incidencia de la movilidad en moto, ni la del parrillero en materia de alteración del orden público, por el contrario, lo que sí ha causado esta medida es una hecatombe en la ciudad desde todos los frentes”, señala la demanda.
Para el abogado Calderón España, «el porcentaje de las personas que se movilizan en moto con fines de cometer delitos como hurtos y sicariato es menor frente al de ciudadanos de bien , y por ello, deben implementarse campañas con la fuerza pública de seguridad y convivencia ciudadana, pero no la adopción medidas restrictivas que causan un gran impacto que, en cambio de mejorar la situación de la ciudad, la empeora».
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“En todo el país subsisten problemas de orden público y eso no da para que se paralice el desarrollo económico y social del mismo, por el contrario, los alcaldes, como máxima autoridad local deben estudiar, implementar y establecer medidas tendientes a evitar la criminalidad, la accidentalidad, las faltas al respeto de la Constitución y la Ley”, se argumenta en la demanda.
