La Corte Constitucional de Colombia declaró inexequible el decreto de emergencia económica firmado en diciembre por el presidente Gustavo Petro, que buscaba crear impuestos temporales para aliviar la situación fiscal del país.
La decisión, conocida este jueves, deja sin efecto la medida al considerar que es contraria a la Constitución. Sin embargo, el alto tribunal aún no ha publicado el texto completo de la sentencia con los argumentos jurídicos.
Petro rechaza la decisión
El mandatario cuestionó el fallo y aseguró que limita la capacidad del Gobierno para obtener recursos.
“Deciden decir: ‘no más ingresos al Gobierno’. Nos quieren ahorcar, porque somos un gobierno diferente”, afirmó Petro durante un discurso en Quibdó, en el Pacífico colombiano.
Un decreto ya suspendido
El decreto había sido suspendido provisionalmente desde enero por orden de la misma Corte, mientras se evaluaba su constitucionalidad.
La declaratoria de “emergencia económica” es una herramienta excepcional que permite al Ejecutivo expedir decretos con fuerza de ley sin pasar por el Congreso, en situaciones extraordinarias.
El Gobierno argumentó que el país enfrentaba una “coyuntura fiscal excepcional” que ponía en riesgo la financiación del Estado, la prestación de servicios públicos esenciales y la garantía de derechos.
Contexto: caída de la reforma tributaria
La medida surgió tras el hundimiento de una reforma tributaria en el Congreso, clave para financiar el presupuesto nacional de 2026.
Según el Ejecutivo, esto dejó un déficit que se buscaba cubrir mediante impuestos dirigidos a sectores de mayores ingresos.
Durante su vigencia, el decreto contempló:
- Aumento de impuestos al patrimonio de los más adinerados
- Cargas adicionales al sector financiero
- Incrementos en gravámenes a licores
- Impuestos a juegos de azar y plataformas en línea
Posible nueva emergencia económica
El presidente Petro advirtió esta semana que evalúa decretar una nueva emergencia económica si el Congreso vuelve a rechazar una futura reforma fiscal que planea presentar.
Cabe recordar que el Gobierno ya había recurrido recientemente a esta figura en febrero, para atender a miles de afectados por inundaciones en la región Caribe. Ese decreto, enfocado en la atención de desastres, continúa vigente.
