La reducción se tramitó mediante dos proposiciones impulsadas por sectores políticos que cuestionan el gasto y los resultados de la jurisdicción. La JEP advierte posibles efectos sobre su operación, mientras que el Gobierno sostiene que sus funciones misionales no se verán afectadas.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) enfrentará una reducción de $181.402 millones en el presupuesto previsto para 2027, luego de los ajustes aprobados durante el trámite del Presupuesto General de la Nación en el Congreso.
El recorte se produjo en dos etapas y estuvo acompañado de cuestionamientos políticos sobre los recursos destinados al tribunal, sus resultados judiciales y los costos de funcionamiento. La discusión también puso sobre la mesa la necesidad de contrastar las cifras presupuestales con las explicaciones de la entidad y el alcance de sus labores.
Según el material de origen, el Congreso aprobó un presupuesto nacional de $634,9 billones, con 112 votos a favor y uno en contra en la Cámara de Representantes, y 57 votos a favor y uno en contra en el Senado. La mayoría incluyó a integrantes del Centro Democrático, los partidos Liberal y Conservador, Cambio Radical, La U y Salvación Nacional, además de algunos apoyos de sectores verdes y de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep).
Así se aprobaron los recortes a la JEP
El primer ajuste fue de $170.000 millones y fue promovido por Salvación Nacional. De ese monto, $140.000 millones correspondían a inversión y $30.000 millones a funcionamiento. Sus impulsores argumentaron que era necesario revisar el gasto de la jurisdicción y destinar recursos a otras prioridades de la justicia.
Posteriormente, el Centro Democrático presentó una proposición para reducir otros $11.402 millones y trasladarlos al Ministerio de Defensa. La iniciativa, de acuerdo con el material consultado, se justificó en la necesidad de contribuir al pago de indemnizaciones pendientes a familiares de integrantes de la Fuerza Pública asesinados por las Farc.
La proposición mencionó 850 sentencias ejecutoriadas por un valor de $399.823 millones, además de $285.338 millones en intereses. Estas cifras corresponden a los argumentos presentados durante el debate presupuestal y deben leerse en ese contexto.
Cuestionamientos por el costo de funcionamiento
La senadora María Clara Posada, del Centro Democrático, ha cuestionado el costo acumulado de la JEP y la relación entre los recursos invertidos y los resultados judiciales. Según las cifras presentadas por la congresista, la entidad habría recibido $3,8 billones entre 2020 y 2026. Si se hubiera aprobado la solicitud presupuestal para 2027, el acumulado ascendería a $4,5 billones.
Posada también cuestionó el costo del arrendamiento de la sede principal de la JEP, en Bogotá. De acuerdo con su revisión, entre 2020 y febrero de 2026 se habrían pagado $114.202 millones por ese concepto. Como referencia, señaló que documentos públicos de 2020 registraban un costo de construcción de $20.975 millones.
Estas afirmaciones corresponden a los cuestionamientos de la congresista y deben contrastarse con los contratos, sus condiciones y las explicaciones de la entidad.
La senadora también puso bajo escrutinio gastos de operadores logísticos, tiquetes y viajes nacionales e internacionales, que calculó en $56.435 millones entre 2020 y 2026.
Frente a esos señalamientos, la JEP rechazó que el monto corresponda a un supuesto esquema de turismo judicial. La entidad afirmó que incluye actividades propias de su mandato en más de 330 municipios, como audiencias, acompañamiento a víctimas, exhumaciones y acreditaciones. También sostuvo que el 1 % se destinó a comisiones en el exterior y que durante ocho años se compraron 61 tiquetes internacionales por $286 millones.
El debate por los resultados y el impacto del recorte
Posada ha señalado que, de las 21 sentencias incluidas en su balance, solo cuatro estaban en firme. Ese dato ha alimentado las críticas sobre la duración de los procesos y la respuesta a las víctimas, aunque por sí solo no refleja toda la actividad judicial de la JEP ni permite concluir que la entidad haya incumplido su mandato.
La jurisdicción ha advertido que la reducción presupuestal podría comprometer su capacidad para adelantar audiencias, proteger a víctimas y comparecientes y cumplir sus decisiones. El Gobierno, por su parte, sostiene que el recorte no afectará las funciones misionales.
La votación dejó dos resultados políticos: la aprobación del presupuesto nacional con una amplia mayoría y la reducción de los recursos asignados a la JEP, una decisión que mantiene abierto el debate sobre la financiación, el desempeño y las responsabilidades del tribunal de paz.
