El hermano del exalcalde de Medellín fue enviado a máxima seguridad tras una decisión de segunda instancia. Así es el caso que lo llevó hasta allí.
A Miguel Andrés Quintero Calle lo sacaron de su casa en Medellín en la noche del viernes 30 de octubre con las manos y los pies esposados. Varios policías y funcionarios del Inpec lo rodeaban. Lo llevaron hasta el aeropuerto, lo subieron a un avión de la Policía y de ahí fue a dar a El Barne, la cárcel de alta y media seguridad de Cómbita, en Boyacá, que el Inpec le asignó mediante una resolución. Hasta ese día cumplía la detención preventiva en su residencia, una concesión que un juez le había hecho a comienzos de octubre y que otro juez le retiró pocas horas antes.
La orden salió del Juzgado Primero Penal del Circuito de Medellín, que atendió en segunda instancia las apelaciones de la Fiscalía, del Ministerio Público y del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, reconocida como víctima en el proceso. La revocatoria fue parcial: la medida de aseguramiento sigue y solo cambió el sitio donde se cumple. Para el juez, la casa por cárcel no alcanzaba frente al riesgo de que Quintero obstruyera la justicia o no se presentara al proceso, y vio además un peligro para la comunidad. En una cárcel se controlan mejor las visitas y las comunicaciones, que era lo que le preocupaba a la Fiscalía, convencida de que desde su casa él podía hablar con terceros y moldear sus testimonios.
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Quintero es hermano de Daniel Quintero, alcalde de Medellín entre 2020 y 2023. En septiembre la Fiscalía lo imputó por interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, y él no aceptó los cargos. Nunca ocupó un cargo público, ni en la Alcaldía ni en el Área Metropolitana, de modo que la Fiscalía no le atribuye haber firmado nada sino haber decidido por quienes sí podían hacerlo. Según su hipótesis, influyó en el nombramiento de Juan David Palacio Cardona como director de la entidad y de Álvaro Alonso Villada García como subdirector administrativo y financiero, y luego les ordenó direccionar seis contratos hacia el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, cuyo gerente y representante legal era Misael Alberto Cadavid Jaramillo.
Esos seis contratos suman 17.656 millones de pesos y se firmaron durante la emergencia de la pandemia, con el propósito oficial de fortalecer al organismo de socorro, apoyar la reducción del riesgo de desastres, formar bomberos y comprar kits. El pago por el direccionamiento habría sido una comisión del 15 por ciento. La Fiscalía calcula que se cobraron 2.481 millones de pesos, y de esa suma le asigna a Quintero cerca de dos terceras partes.
¡EN LA PATRIA MILAGRO NO HAY ESPACIO PARA LA IMPUNIDAD NI PARA LOS PRIVILEGIOS CARCELARIOS!
Este es Miguel Andrés Quintero Calle, acusado de corrupción.
¡Bienvenido a la Patria Milagro!
¡Firme por la Patria!
¡Viva Cristo Rey!
(A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 https://t.co/RMEAgbNU5t— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 31, 2026
El caso se apoya sobre todo en testigos. El principal es Cadavid, que al comienzo negó todo y después empezó a colaborar con la Fiscalía bajo un principio de oportunidad. Contó que conoció a Quintero en 2016, cuando era gerente de Municipios del departamento de Antioquia, y que en 2020 se reunieron en el Área Metropolitana junto con Villada para fijar las condiciones. Según su versión, la comisión arrancó en 20 por ciento y bajó a 15 porque a él le pareció excesiva. La Fiscalía sumó otro dato: Villada habría presionado a María Yaneth Rúa, supervisora de los contratos, para que aprobara informes sin que los entregables se hubieran cumplido. En el expediente aparecen también Vanessa Álvarez Restrepo, la abogada contratista que preparó los estudios previos, y Sebastián de Dios Ortega Urán, a quien se señala de recibir efectivo para llevárselo a Quintero. Rúa, Cadavid y Elkin de Jesús González, otro exdirectivo de los bomberos, habían sido imputados en audiencias anteriores.
Con la decisión, el asunto pasó de los juzgados a las redes. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, celebró en X que Quintero fuera a la cárcel. El presidente Abelardo de la Espriella fue más lejos: publicó un video del Inpec en el que se ve el traslado y vestido con el uniforme beige y naranja de los reclusos y la cabeza baja. llamó a Quintero acusado de corrupción y dijo que en la Patria Milagro no caben la impunidad ni los privilegios carcelarios.
El exalcalde de Medellín Daniel Quintero también tiene decenas de investigaciones en su contra.
Daniel Quintero ha dicho que a su hermano lo tratan como a un criminal sin que haya habido juicio ni condena, que lo exhiben ante todo el país y que lo maltrataron durante el traslado. Antes había dicho que Miguel podrá desvirtuar cada acusación y que lo convirtieron en objetivo para atacarlo a él. El abogado Santiago Trespalacios ya había renunciado a la defensa. La Fiscalía tiene 95 días para radicar el escrito de acusación, y mientras tanto lo que existe contra Miguel Quintero es una medida de aseguramiento, no una sentencia.
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