El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha acusado este martes al Tribunal Supremo de «alterar» el censo electoral con su decisión cautelar de suspender el voto de las personas ya inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que obtuvieron la nacionalidad a través de la conocida como ‘ley de nietos’.
«Hoy en España tenemos españoles de primera con derecho a voto y españoles de segunda sin derecho a voto», ha denunciado Bolaños durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, donde ha insistido en que el Supremo debería resolver definitivamente la cuestión antes de los próximos procesos electorales.
El ministro ha respondido así al senador del PP Alfonso Serrano, que cuestionaba que el Ejecutivo pueda utilizar una instrucción administrativa —dictada por la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente— para hacer «exactamente aquello que el Parlamento decidió no hacer mediante una ley».
Bolaños ha defendido la norma y ha acusado al PP de «aplaudir cualquier recorte de los derechos de los españoles», especialmente, ha dicho, cuando afecta a descendientes de represaliados de la dictadura franquista. «Hoy, con el auto en las medidas cautelares del Tribunal Supremo, se ha alterado el censo. Se ha alterado el censo de gente que ya había votado en 2023», ha insistido.
Las palabras de Bolaños llegan después de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, haya elevado también este martes el choque del Gobierno con el Supremo al cuestionar la imparcialidad de algunos magistrados y sostener que determinadas decisiones judiciales pueden suponer una forma de «inmiscuirse en la política», en referencia al auto sobre la ‘ley de nietos’.
El mismo argumento que esgrime el PP contra la ley
El argumento utilizado por Bolaños y el Gobierno —que la decisión del Supremo altera el censo electoral— es, precisamente, el principal argumento que utiliza el PP para cargar contra el Ejecutivo por la aplicación de la norma.
El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, llegó a acusar el pasado junio al Ejecutivo de hacer «ingeniería electoral» en beneficio del PSOE, y sostuvo que el Gobierno pretendía modificar el censo mediante la concesión de nacionalidades. Feijóo rechazó, no obstante, hablar de «pucherazo», término que sí ha empleado repetidamente Vox. «El pucherazo es una cosa y nosotros denunciamos que hay ingeniería electoral», precisó Feijóo entonces.
El discurso se endureció después de que el Supremo acordara las medidas cautelares. La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, acusó entonces al Ejecutivo de pretender «con todo descaro alterar las elecciones generales para que Sánchez se perpetuara en el poder». El PP ha defendido al mismo tiempo que apoya que los descendientes de españoles puedan acceder a la nacionalidad, pero reclama que el procedimiento cumpla estrictamente los requisitos legales.
Ahora, la sentencia del Supremo pone frente al espejo el mismo argumento para defender posiciones enfrentadas: el PP sostiene que la aplicación de la ‘ley de nietos’ que hace el Ejecutivo «altera» el censo electoral y, por tanto, las elecciones; mientras que la postura de varios miembros del Gobierno es que la suspensión del voto ordenada por el Supremo «altera» un censo en el que esas personas ya figuraban inscritas.
El Alto Tribunal justificó las cautelares por el «incremento extraordinario» del CERA y por considerar que existía un «peligro fundado, real y serio» de que la situación pudiera afectar a la objetividad y transparencia del proceso electoral, mientras se resuelve el fondo de los recursos.
