La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia empató en la discusión de la acusación contra cinco congresistas y un excongresista vinculados al saqueo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Se trata de Wadith Manzur (Partido Conservador), Liliana Esther Bitar (Partido Liberal), Julián Peinado Ramírez (Partido Liberal), Karen Astrid Manrique (Curules de Paz), Juan Pablo Gallo (Partido Liberal) y el excongresista Juan Diego Muñoz (Alianza Verde).
Los magistrados se reunirán nuevamente la próxima semana para elegir a los conjueces y el 11 de marzo para destrabar el debate y definir la situación jurídica de los parlamentarios, a quienes el magistrado ponente, Misael Rodríguez, propone llamar a juicio y enviar a prisión.
El magistrado argumentó que los procesados, al ser figuras políticas con influencia regional y nacional, podrían influir en el juicio en caso de prosperar la acusación que propone.
Su tesis se desprende de los mismos hechos por los que fueron imputados: la supuesta compra, a través de cupos indicativos y contratos de proyectos para sus regiones, de su voto favorable a los proyectos del Gobierno que se tramitaban en el Congreso. Especialmente en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, de la que hacían parte algunos de ellos.
