El director del Inpec sorprendió con la requisa en la que cayeron 500 celulares y los trasladados Wadith Manzur y Olmedo López, fueron golpeados por la medida
A las tres de la madrugada del martes 3 de noviembre, unos 400 policías y funcionarios del Inpec entraron a La Picota y se repartieron por 19 pabellones al mismo tiempo. Hicieron salir a los internos a los patios, abrieron las celdas una por una y levantaron hasta los pisos de los baños. Cuando terminaron, Abelardo de la Espriella publicó en X el balance de la rascada, término con el que los presos llaman el allanamiento: 582 celulares, 3.754 tarjetas SIM, 432 cargadores, 38 módems, seis antenas Starlink, 356 armas cortopunzantes, estupefacientes y dinero en efectivo.
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Las antenas de internet que vende la empresa del magnate Elon Musk son lo que más llamó la atención. Starlink conecta por satélite y no depende de ninguna red de telefonía, así que no deja el rastro que dejan las líneas comunes. Con 3.754 SIM al lado, se habló de un call center carcelario. Y el Gobierno lo vincula con la extorsión que se dirige desde las cárceles. Las autoridades abrieron indagaciones para saber si guardianes dejaron pasar los equipos. Nadie ha explicado todavía cuánto tiempo llevaban allí.
La Picota es la cárcel más grande del país, con cerca de 7.000 reclusos. Sus pabellones mezclan a condenados por corrupción, extraditables y exparamilitares. Los políticos y altos funcionarios suelen quedar en el pabellón ERE Sur, que todos llaman el Congresito. Para ellos, el operativo tuvo una consecuencia concreta: el canal informal que usaban para hablar con familiares, abogados y su círculo cercano quedó cortado, y les quedan las vías oficiales, con horarios y registro.
En la cárcel La Picota, levantada en el sur de Bogotá, hay unos 7000 presos.
Los afectados con la incautación de celulares y antenas de internet
Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres del Gobierno Petro, están entre los afectados. Los dos responden por los sobrecostos en carrotanques y en contratos de emergencia, y llegaron a La Picota, trasladados por orden de De la Espriella tras pasar por guarniciones militares. Francisco Ricaurte, exmagistrado y expresidente de la Corte Suprema, cumple también allí condena por el Cartel de la Toga. Wadith Manzur, exrepresentante conservador ligado al mismo entramado de la UNGRD, fue reubicado en La Picota cuando el Gobierno empezó a suprimir las reclusiones especiales en estaciones de policía y cantones militares. Manzur estaba preso en la Escuela de Carabineros y en medio de lágrimas pidió no ser trasladado a la Picota, donde por Intervención del Presidente Abelardo De la Espriella se dio la orden.
Hay más delincuentes de cuello blanco que están en La Picota como Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, alcalde de Villa de Leyva, quien fue capturado en mayo y llevado a esta cárcel del sur de Bogotá en septiembre; la Fiscalía lo acusa de concusión y de tramitar licencias urbanísticas de manera irregular. El abogado Álex Vernot, condenado a seis años por soborno en el caso Hyundai, llegó en esos mismos días desde el Cespo, junto con Andrés Calle, el expresidente de la Cámara de Representantes que fue dejado en libertad por vencimiento de términos, al igual que Iván Name, expresidente del Senado, estos dos últimos capturados por recibir sobornos para tramitar e impulsar reformas del Gobierno Petro.
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Arriba, en el costado sur y tras casi diez pisos de escaleras, está el pabellón de extraditables, que funciona casi aparte del resto. Allí estuvo Larry Changa, señalado de cofundar el Tren de Aragua, y allí estaba Geovany Andrés Rojas, alias Araña, jefe de los Comandos de la Frontera. El 30 de octubre, el Inpec sacó a nueve extraditables de ese pabellón hacia el hangar de la DEA. De la Espriella dijo entonces que desde La Picota las extradiciones no paran.
Entre los exparamilitares que la requisa tambien puede afectar está Héctor Germán Buitrago, alias Martín Llanos, de las Autodefensas Campesinas del Casanare, condenado por tortura, asesinato y desaparición forzada.
Quién debe responder por lo incautado
Al frente del Inpec sigue el coronel de la Policía Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, que llegó el 13 de septiembre de 2022 por nombramiento de Gustavo Petro. No fue reemplazado. El 20 de agosto, De la Espriella lo ratificó con el decreto 1264, que firmó el ministro de Justicia, Iván Cancino, a pesar de que en campaña había propuesto eliminar el instituto carcelario y entregar las prisiones a militares retirados. Mientras que en la dirección de La Picota está el mayor retirado Horacio Bustamante, que ya la había ocupado el cargo entre octubre de 2022 y enero de 2024 y regresó en mayo de 2025, antes del cambio de gobierno.
La policía y el Inpec entraron a 19 pabellones de La Picota y encontraron armas, licor, dinero en efectivo, más de 500 celulares y 6 antenas satelitales de Internet.
El presidente De la Espriella muestra la requisa como prueba de mano dura, junto con los traslados de cabecillas y el despliegue de la fuerza pública. En ese mismo mapa penitenciario, Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, cumple en una guarnición militar de Rionegro los 28 años de condena por Los 12 Apóstoles, y Luis Alberto Monsalvo Gnecco sigue en el Batallón La Popa, en Valledupar. Para unos, en la cárcel perdieron el teléfono y quedaron sometidos a lo difícil de afrontar castigo de la incomunicación. Para otros, el régimen no ha cambiado.
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