Donald Trump regresó a la Casa Blanca con el firme propósito de expulsar a todos los migrantes indocumentados que hay en Estados Unidos. Hacerlo fue uno de los mantras de su campaña. Esa labor se la encomendó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Un año después su trabajo es un hecho, pero a costa de resultar polémico.
Sus discutidos procedimientos ya le han costado la vida a cinco personas. La última se llamaba Renee Nicole Good. Blanca, ciudadana estadounidense, poeta, madre de tres hijos y viuda, fue asesinada este miércoles por la policía migratoria de Trump en Mineápolis.
Hacer cumplir las leyes de inmigración
El ICE (United States Immigration and Customs Enforcement) es una agencia del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU y tiene su sede en Washington D. C.. No es invento de Trump. Este organismo fue creado por la administración de Joe Biden en marzo de 2003, como sucesor del Servicio de Inmigración y Naturalización. Cuenta con más de 20.000 empleados distribuidos en 400 oficinas y tiene presencia en 48 países.
En palabras del propio ICE (en su página oficial), están «a la vanguardia de los esfuerzos de nuestra nación para fortalecer la seguridad fronteriza y prevenir el movimiento ilegal de personas, bienes y fondos hacia, dentro de y fuera de Estados Unidos». Es parte, dicen, «de los esfuerzos continuos de nuestro país para combatir el terrorismo en casa y en el extranjero».
Pero si algo ha hecho famoso (y polémico) al ICE es su trabajo de deportación de inmigrantes indocumentados. No patrulla las fronteras del país (lo hace la Patrulla Fronteriza de EEUU) sino que se encarga de hacer cumplir las leyes de inmigración y de investigar las actividades delictivas y terroristas de ciudadanos extranjeros que residen en el país.
El ICE está estructurado en cinco diferentes oficinas. Destacan la Oficina de Detención y Deportación (ERO), que identifica y captura a extranjeros que representan un peligro para la seguridad nacional, y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), que investiga una actividades domésticas y extranjeras relacionadas con el movimiento ilegal de personas y bienes hacía, en y fuera de EEUU. Completan el organigrama la Oficina del Asesor Legal Principal (OPLA), la Oficina de Responsabilidad Profesional (OPR) y la Oficina de Gerencia y Administración (M&A).
Los métodos de los agentes del ICE han resultado discutibles, no sólo por el uso excesivo de la violencia y de las armas de fuego, sino porque sus redadas bordean la ilegalidad. Los responsables del ICE, por mandato de Trump, actuan como si no hubiera jueces que tuvieran que aprobar el resultado de sus operaciones.
La justicia, el único freno
El caso más conocido de entre muchos es el de Kilmar Ábrego García, el migrante salvadoreño que fue devuelto a EEUU tras una deportación irregular a El Salvador. Se encontraba en el centro de procesamiento Moshannon Valley, en Pensilvania, y el Gobierno estadounidense buscaba la manera de deportarlo a un país africano dado que no puede enviarlo de nuevo a territorio salvadoreño.
En diciembre pasado, Paula Xinis, jueza federal del estado de Maryland, ordenó que Ábrego fuera liberado dado que su detención se produjo «sin autoridad legal». La magistrada consideró que el joven había permanecido detenido por el ICE para llevar a cabo su expulsión a un tercer país «sin que exista una orden de expulsión legal».
Hace un mes, un juez federal en San Francisco emitió un fallo que refuerza la defensa de los derechos de los migrantes. El juez Casey Pitts ordenó la suspensión inmediata de las detenciones de migrantes que acuden a sus citas en las cortes de asilo de la región del norte de California. La medida también aplica al Departamento de Justicia, que ya no podrá permitir arrestos dentro de estos tribunales mientras esté vigente el fallo.
Pero el ICE de Trump también está ejerciendo una acción coercitiva contra menores no acompañados que buscan protección en EEUU. En octubre, un juez federal de Washington D.C., Rudolph Contreras, bloqueó temporalmente la política de mantener bajo detención a menores migrantes después de cumplir los 18 años, trasladándolos a centros del ICE. La orden judicial evita que decenas de jóvenes sean transferidos de manera automática a la cárcel.
Muertos durante y después de las detenciones
El ICE ya tiene una larga lista de muertos. Según The Trace, portal especializado en violencia armada en EEUU, desde el inicio de la segunda administración de Trump, al menos 14 personas han sufrido disparos de miembros del ICE. De todas ellas, cinco murieron, incluyendo a Renee Good, este miércoles en Mineápolis. Las cifras se refieren no sólo a personas que intentaban escapar de los agentes sino a otras que simplemente eran testigos de una redada.
Pero también mueren migrantes tras ser detenidos (68.400, según datos del pasado mes de septiembre). Estando bajo custodia del ICE han muerto en 2025 al menos 32 personas. En sus oficinas y centros de detención ha habido infartos, derrames y hasta suicidios. La cifra incluye personas que llevaban medio siglo viviendo en EEUU o que estaban en avanzado proceso de asilo.
En un informe de diciembre pasado, Amnistía Internacional denunciaba «las violaciones sistémicas de derechos humanos cometidas en los centros de detención de inmigrantes». La ONG pedía al gobierno estadounidense que pusiera fin «a su cruel maquinaria de detención por motivos de inmigración», que abandonara «la criminalización de la migración» y que prohibiera «el uso de centros de propiedad estatal para la custodia federal por motivos de inmigración».
Alligator Alcatraz, lugar sin ley
La organización ponía la lupa sobre algunos de estos centros. Por ejemplo, Alligator Alcatraz, el centro de detención de inmigrantes ubicado en la Reserva Nacional Big Cypress, administrado por el estado de Florida en lugar de por el ICE. Tiene capacidad para albergar hasta 3.000 personas y seis meses después de su construcción sigue abierto bajo protestas.
«Las familias de los detenidos, los periodistas, el público y muchos legisladores siguen tan desorientados como en julio sobre cómo funciona el centro, quiénes están allí, quiénes han estado allí y han sido deportados, y quiénes trabajan allí», describe el diario USA Today. Muchas demandas y solicitudes de acceso a los registros se han ignorado, denegado o han sido apeladas.
Amnistía Internacional ha instado a las autoridades de Florida a cerrar Alligator Alcatraz y a prohibir el uso de todos los centros de detención para inmigrantes gestionados por el estado. Según los testimonios de migrantes que pasaron por allí, los detenidos permanecen encerrados en jaulas (hasta 32 personas en 93 m²), con la luz siempre encendida, sin ventilación pero con insectos. Sólo salen para comer y carecen de asistencia letrada. Tampoco se permiten investigaciones transparentes e independientes sobre tortura y desatención médica.
Autodeportarse tiene recompensa
La administración Trump está alentando a las personas que viven en el país sin permiso legal a «autodeportarse» a través de la misma aplicación que muchos de ellos utilizaron para cruzar la frontera. Se trata de abandonar EEUU voluntariamente en lugar de ser detenidos y deportados por los amables agentes del ICE.
La aplicación CBP Home ahora permite a las personas informar de que están planeando regresar a su país de origen. La administración Biden lanzó la aplicación en 2021 como una forma de permitir a los migrantes programar audiencias de asilo y reducir los entradas irregulares. Los de Trump le han dado la vuelta… autodeportarse le sale más barato a la administración. Según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el coste medio de arrestar, detener y expulsar a un migrante indocumentado es de aproximadamente 17.000 dólares.
En diciembre pasado, el Departamento de Seguridad Nacional triplicó la «bonificación de salida» de 1.000 a 3.000 dólares para todos aquellos indocumentados que decidieran irse de EEUU antes de que terminara 2025. Las autoridades estadounidenses afirman que en todo ese año se han «autodeportado» ya 1,9 millones de personas. Pero esa cifra no ha sido verificada ni se ha publicado un desglose que muestre cuantas personas han recibido las «bonificaciones de salida» contempladas en este programa.
