Fue tan ostentosa su riqueza que compraron el Hotel El Prado de Barranquilla, donde durmieron Gardel, Pelé y Greta Garbo, y otros 200 bienes que les quitó la SAE
En las habitaciones del Hotel El Prado de Barranquilla durmieron Greta Garbo, Pelé, Celia Cruz y Carlos Gardel entre otros personajes ilustres. El tanguero argentino pasó ahí su última noche con vida, antes del accidente aéreo en el que murió en Medellín. El Prado competía con el Nacional de La Habana y el Caribe de Cartagena por el título de mejor hospedaje del inmenso Caribe.
Sin embargo, en algunas oficinas detrás de las habitaciones donde dormía la realeza del espectáculo, famosos y ricos que podían pagarlo, se reunían en secreto Julio César Nasser David y sus socios para acordar cargamentos, repartir rutas y cerrar millonarios negocios que nada tenían que ver con el turismo.
Julio César Nasser empezó contrabandeando whisky y cigarrillos. Por ahí entró al mundo de lo ilegal, mucho antes de que en Colombia se hablara de carteles. En los setenta, cuando La Guajira y buena parte de la costa Caribe vivían la bonanza marimbera, él y su esposa, Sheila Myriam Arana, ya estaban entre los primeros negocios que llevaban marihuana a los Estados Unidos.
La pareja ayudó a atraer la bonanza, junto con otras familias costeñas que pasaron del contrabando de licor a la exportación de yerba sin mucha transición. Luego, pasaron a la exportación de cocaína y se hicieron de los más ricos de la Costa Caribe.
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La fortuna que juntaron en tres décadas no tuvo comparación en la región. Edificios, centros comerciales, fincas, oficinas, parqueaderos. La lista terminó sumando 270 bienes a nombre suyo o de testaferros.
Sin embargo, de toda la familia solo dos terminaron condenados formalmente por narcotráfico: Julio y Sheila. Los hijos —Claudia Patricia, Carlos Alberto, Jorge— pasaron por procesos, estuvieron presos un par de años, fueron señalados como herederos del clan, pero en 2021 extrañamente la justicia colombiana los absolvió por falta de pruebas que los vincularan con enriquecimiento ilícito.
El peso completo de la condena cayó sobre el matrimonio fundador del imperio criminal y de los hijos Claudia y Carlos no se volvió a saber: desaparecieron. Jorge, el otro hijo, quien fue el dueño de la bolera Tittos Bolos, fue asesinado meses después de recuperar su libertad y de ser declarado inocente.
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A Sheila la capturaron en Suiza. Era febrero de 1994. No estaba de paseo: negociaba una transacción de más de cinco millones de dólares cuando la Interpol dio con ella. La extraditaron a Estados Unidos al año siguiente.
Frente a una corte federal, confesó lo que en Colombia llevaba años negando. Dijo que junto a su esposo había enviado marihuana y cocaína a Estados Unidos durante casi dos décadas. La cifra que aceptó en su declaración de culpabilidad fue de 24.947 kilos de cocaína y 1,4 millones de kilos de marihuana, traficados entre 1976 y 1994. Le confiscaron 150 millones de dólares. La condenaron a 12 años de cárcel y pagó una irrisoria multa de 64 millones de pesos. Salió de prisión en 2002. Ese mismo año murió su esposo, en una clínica de Barranquilla, a donde había sido trasladado.
En la Costa, los Nasser no necesitaban presentación. Eran respetados, temidos, consultados: el tipo de apellido que abre puertas solo con mencionarlo. El resto del país, en cambio, los conoció sobre todo como los dueños del Prado. El hotel había pasado a sus manos a comienzos de los noventa y se volvió la cara visible de un imperio que puertas adentro operaba con reglas muy distintas a las del negocio hotelero.
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La caída de los Nasser se fraguó despacio. El general Paulino Marca Daza, entonces comandante de la Policía en el Atlántico, llevaba meses detrás de pistas sobre el paradero su paradero. Cuando las tuvo listas, pidió refuerzo directo al entonces director de la Policía Nacional, el general Rosso José Serrano, quien lideró las capturas de Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, para que enviara personal de inteligencia e investigaciones desde Bogotá. Con ese equipo, los hombres de Marca Daza armaron el operativo que terminó por desmontar la fachada legal del clan Nasser Arana.
En la actualidad, los bienes de los Nasser siguen siendo protagonistas de la historia colombiana. Hace pocos días, la SAE, en cabeza de Amelia Pérez, le entregó a la Universidad del Atlántico una casa de 1270 metros cuadrados que le pertenecía al clan Nasser, la cual será usada para su facultad de Bellas Artes.
El golpe más fuerte llegó en marzo de 1997. Operación Delfín II. Ese día, la Fiscalía allanó 48 propiedades de la familia, entre ellas el Hotel El Prado, bajo la recién estrenada ley de extinción de dominio. Fue apenas el comienzo. Las investigaciones posteriores destaparon el resto del patrimonio hasta completar los 270 bienes que terminaron en manos del Estado. El hotel, el más visible y el más querido por la ciudad, quedó años atrapado en procesos judiciales, mientras el edificio se iba cayendo a pedazos.
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En 2005, un juzgado especializado de Bogotá ordenó la extinción de dominio sobre El Prado. Pasaron casi diez años más antes de que el Fondo Nacional de Turismo, ya a cargo del inmueble, sacara adelante una licitación para entregarlo en concesión. En 2016, firmó el contrato con el consorcio FTP, integrado por el estadounidense Bart Seidler y el colombiano Jaime Espinoza, que se comprometió a invertir 21.300 millones de pesos en la rehabilitación a cambio de operarlo durante treinta años.
El hotel, que sirvió de fachada para reuniones de narcotraficantes, terminó, décadas después, recuperando su sitio entre los hospedajes más reconocidos del Caribe colombiano. De los Nasser Arana quedó, sobre todo, el expediente. Un matrimonio condenado. Un patrimonio confiscado. Y una ciudad que durante años no supo del todo qué pasaba detrás de las puertas del salón principal del Prado.
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