El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este jueves al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al afirmar que «actuar sin pruebas no puede ser gratis», tras conocerse que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no ha encontrado mensajes que respalden las acusaciones de filtración de información relativa a la investigación por fraude de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
En una comparecencia posterior a la sesión de trabajo del Consejo Europeo en Bruselas, Sánchez ha destacado que, a pesar de las «horas de tertulia» y «ríos de tinta» en los medios diciendo que el fiscal general debía dimitir, el informe de la UCO revela que no existen mensajes que respalden las acusaciones contra García Ortiz. «¿Quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón?», ha cuestionado.
Así, Sánchez ha recriminado a aquellos que han pedido la dimisión del fiscal general «sin pruebas, con falsas acusaciones, con bulos y desinformación». Además, ha rechazado la posibilidad de que las conversaciones fuesen borradas, a pesar de que la Guardia Civil señala que encontró «cero mensajes» en el dispositivo de García Ortiz en los días clave de la filtración, pero sí en el móvil de la otra imputada, la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez
«Ahora dicen ‘es que los mensajes se borraron’. Por favor, elevemos un poco el debate público y exijamos a aquellos que han acusado sin pruebas que pidan disculpas y que asuman su responsabilidad«, ha seguido el jefe del Ejecutivo. En este sentido, ha subrayado que una incriminación de este tipo no puede quedar impune y que se ha creado una «inmensa cortina de humo» que ahora se está disipando. «La infamia, la acusación sin pruebas no puede quedar gratis en una democracia como la nuestra», ha recalcado.
El documento de la UCO indica que no se hallaron mensajes relevantes en el teléfono móvil de García Ortiz entre el 8 y el 14 de marzo de 2024, periodo en el que se produjo la filtración. En cambio, se observa una cadena de correos entre el abogado del empresario Alberto González Amador -investigado por defraudar supuestamente 350.961 euros entre 2020 y 2021- y el fiscal que le investiga, y el reenvío a la Fiscalía de Madrid el día 13 de marzo. En esos correos, el letrado intentaba alcanzar un pacto con el fiscal por el que aceptaba la comisión de dos delitos fiscales por parte de su cliente y proponía aceptar ocho meses de cárcel y pagar una multa.
Otro informe de la UCO sobre el volcado del móvil del exsecretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, apunta a nuevos altos cargos de Moncloa en la causa de la filtración. Además de la asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera, tanto el ex secretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés como su sucesor, Ion Antolín, hasta hace unas semanas director de comunicación del PSOE, tenían conocimiento, antes de que se publicara íntegramente en un medio de comunicación, del correo en el que la pareja de Ayuso reconocía un fraude fiscal.
Al ser preguntado por esta cuestión, Sánchez ha asegurado que con esas personas pasará igual que con el fiscal general del Estado porque «no hay nada». Por ello, ha vuelto a pedir a la pareja de Ayuso que aclare los presuntos delitos que ha cometido, ha instado a la presidenta madrileña a que asuma su responsabilidad política y ha reclamado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que le exija asumirla.
«La verdad de la cosa es que hay una presidenta de la Comunidad de Madrid que tiene una pareja que ha cometido un delito fiscal, y así él mismo lo ha reconocido, contra la Hacienda pública, y no sabemos si ella era o no conocedora de esos delitos», ha añadido.
