El abogado Felipe Alzate se pronunció después de que Juliana Guerrero aceptara su responsabilidad en el proceso relacionado con la obtención irregular de títulos académicos de la Fundación Universitaria San José.
Durante la audiencia realizada este miércoles, Guerrero se declaró culpable y recibió una condena de 36 meses de prisión, equivalente a tres años. Además, deberá pagar una multa de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes y tendrá una inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas durante dos años y medio.
El juez señaló durante la diligencia que el caso no podía ser considerado simplemente como un error, sino como una conducta contraria al ordenamiento jurídico.
Pese a la condena, Guerrero no tendrá que ingresar a un centro penitenciario. El juez 46 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena, de acuerdo con las condiciones establecidas por la legislación colombiana.
¿Qué dijo el abogado?
Después de la audiencia, Felipe Alzate explicó que asumió la representación de Guerrero hace aproximadamente tres o cuatro meses. Según manifestó, durante ese periodo se dedicó a revisar el expediente y preparar la estrategia jurídica para la audiencia.
El abogado sostuvo que la Fiscalía no actuó de manera condescendiente con su defendida y aseguró que fue Guerrero quien tomó la decisión de aceptar su responsabilidad.
«Ella tomó la decisión, dio la cara, aceptó su responsabilidad y eso tiene unas consecuencias independientes del monto de la pena», explicó Alzate en declaraciones entregadas a Noticias Caracol.
Sobre la posibilidad de que Guerrero deba cumplir la condena en prisión, el abogado explicó que, al tratarse de una pena inferior a cuatro años y al cumplirse determinados requisitos, la legislación contempla la suspensión de la ejecución de la pena.
Nueva investigación por presunta falsedad
El proceso podría tener otro capítulo judicial. Durante la sentencia, el juez compulsó copias para que la Fiscalía determine si existen elementos para investigar a Guerrero por el delito de falsedad ideológica en documento público, en calidad de determinadora.
La decisión estaría relacionada con los documentos académicos que fueron presentados ante el SIGEP II durante el proceso para aspirar a un cargo público.
Frente a este punto, Alzate manifestó su desacuerdo y sostuvo que los hechos relacionados con la falsedad ya fueron discutidos dentro del proceso penal que terminó con la condena.
El abogado argumentó que una persona no puede ser procesada nuevamente por los mismos hechos, por lo que considera que esta nueva actuación debe ser analizada a la luz de las garantías fundamentales establecidas en el ordenamiento jurídico.
