La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, se ha referido a la Dana de Valencia y los incendios del pasado verano como «la cara más amarga» del cambio climático, durante su intervención en el Plenario de la Cumbre del Clima de Belém, la COP 30, en la que este lunes intervienen ministros y representantes de todos los países de la Conferencia de las Partes de la ONU en la lucha climática, a los que ha reclamado un «multilateralismo ambicioso» para luchar contra el calentamiento global, así como más «ambición» por parte de todos en el compromiso de reducir las emisiones y para movilizar ayuda financiera «a gran escala» para los países más vulnerables.
Aagesen ha sido la primera ministra en intervenir en el Plenario durante el día en el que arranca esta segunda y última semana de la COP, en la que los contactos técnicos de la semana pasada dan el relevo a las negociaciones políticas, para intentar llegar a acuerdos, que en el caso de la COP de Belém pasa por evaluar los compromisos de los países de reducción de emisiones y eventualmente fijar nuevos objetivos y acordar cómo gobiernos y sector privado contribuirán al fondo de 1.300 millones anuales -300.000 millones al año de parte pública- para que los países más vulnerables, que son los más golpeados por la emergencia climática, puedan recuperarse de inundaciones o ciclones y prepararse ante ellos.
Ante representantes de gobiernos de todo el mundo, la vicepresidenta ha señalado que «muchos hemos sufrido en nuestros países» los «impactos del cambio climático». «En España también hemos vivido en este último año la cara más amarga con la DANA, que azotó con fuerza Valencia, o los incendios que asolaron este verano la Península Ibérica». Su intervención coincide justo con e día en el que la Comunitat está cercano a su fin el plazo para que PP y Vox cierren un acuerdo para investir a Juanfran Pérez Llorca como sustituto de Carlos Mazón al frente de la Generalitat, para lo que el partido de Santiago Abascal reclama un compromiso para abandonar la agenda verde a la formación de Alberto Núñez Feijóo.
Frente al «avance exponencial del negacionismo, la desinformación y los ataques a la ciencia», Aagesen ha reclamado en la COP30 «intensificar los esfuerzos» para desplegar una agenda climática que es además «una agenda de salud pública, justicia social, de prosperidad, de derechos humanos y de paz».
Para ponerla en marcha ha pedido al Plenario de Belém acuerdos en los dos aspectos clave de esta COP30, «responder a las brechas de ambición implementando la política de mitigación y adaptación» al cambio climático, algo que se debería reflejar en la presentación de los planes nacionales de reducción de emisiones –los llamados NDCs (Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional), muy modestos en lo que va de Cumbre del Clima y también «movilizar recursos financieros a gran escala» para ayudar a los países más vulnerables.
Los países más ricos no cumplen
Precisamente, Greenpeace ha presentado este lunes en la COP30 un informe que refleja la «insuficiente ambición climática» de los NDCs que han presentado los países más ricos, el G20, y de sus objetivos de reducción de emisiones para 2035. Según concluye la organización, los compromisos de este grupo, que concentra el 85% del PIB mundial y el 80% de las emisiones, no garantizan el límite del calentamiento en el 1,5ºC.
«Cuando los países del G20 presentan una ambición conjunta tan peligrosamente escasa, el mundo tiene un problema. El G20 concentra el 85 % de la economía mundial, por lo que las decisiones que toman determinan el comercio, la inversión y la tecnología en todo el mundo. Sus decisiones marcan el éxito o el fracaso del objetivo de 1,5 °C, pero sus planes sólo suponen una reducción de entre el 23 % y el 29 % de emisiones, frente al 60 % de reducción global que el mundo necesita”, ha advertido Tracy Carty, experta en política climática de Greenpeace Internacional.
España es país invitado permanente en el G-20 pero su contribución a mitigar el cambio climático está contemplada dentro de la UE, comprometida a reducir en 2035 entre un 66,2 y un 72,5% sus emisiones pero que, si se compara con los niveles de emisiones en 2019, se quedan realmente en una reducción de entre 54% y 62%. Con todo, el bloque europeo no es el que peor parado sale, casi a la par que Estados Unidos, que en la comparativa reducirá emisiones en 2035 entre un 55 y un 61%. Hay otros países del G-20 que no solo no disminuyen, sino que aumentan las emisiones en 2035 con sus objetivos fijados. China, entre un 2 y un 5%; Indonesia entre un 10 y un 30% en 2035 con respecto a 1990, y Turquía, un 42%. De Arabia Saudí, Greenpeace no tiene datos.
Aagesen ha empezado su breve intervención echando la vista atrás, a hace 10 años de la aprobación del Acuerdo de París en el que los gobiernos de mundo se comprometieron a reducir las emisiones para que el calentamiento global no superara el 1,5ºC con respecto a la era preindustrial. Según ha dicho la vicepresidenta, desde entonces se han dado «grandes pasos», como el que va desde que la «neutralidad climática era impensable» en un mundo «dominado por la inversión en combustibles fósiles» a la situación actual, en la que más de un centenar de países tienen objetivos de emisiones netas cero -la UE, para 2050- y en el que «las renovables avanzan imparables».
Aunque «hay motivos para la esperanza», ha dicho Aagesen, ha añadido que «queda mucho camino por recorrer», justo en un momento en el que la lucha climática vive un momento de desafío, que cuestiona elementos que «ya se creían superadas», según lamentan fuentes de la Oficina Española de Cambio Climático.
Descarbonización del transporte
La COP30 entra este lunes en la semana decisiva para que los países alcancen nuevos acuerdos en la lucha climática en un ambiente en el que de momento y a pesar de los llamamientos al multilateralismo de países como España, se ven reducidos a pequeños grupos de países, como el que este domingo se comprometió a reducir un 25% en 2035 las emisiones en el sector transporte.
España se adhirió a esta Declaración para impulsar la descarbonización del sector de los transportes junto con los gobiernos de Austria, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, República Dominicana, Noruega, Eslovenia y Portugal que, días después de que en España el Congreso aprobara definitivamente la Ley de Movilidad Sostenible, contempla el impulso a sistemas de movilidad urbana más limpios, eficientes y centrados en las personas, incluyendo la electrificación del transporte público y el desarrollo de corredores y modos de transporte sostenibles.
