Ya no se puede hacer política en España sin estar al tanto de lo que se cuece en los juzgados. Los redactores de tribunales cotizan al alza. Y tanto políticos como periodistas actualizan en sus agendas teléfonos de abogados por lo que pueda venir. La oposición contra el Gobierno se dirime en las salas de vistas y tanto los de Feijóo como los de Abascal han dejado de hablar de economía o de Cataluña para sacudir a los de Sánchez con imputados y querellas. Esta semana, repleta de citas ante el juez de alto voltaje político, no es más que un ejemplo.
El caso Ábalos discurre ya en el Tribunal Supremo y lo que la investigación policial acotaba a determinadas operaciones ilegales en torno a la compra de mascarillas ha derivado en una supuesta red de comisiones y fardos de dinero entregados en mano a ministros y dirigentes del PSOE gracias a las desenfrenadas acusaciones del comisionista confeso Víctor de Aldama. Que no haya aportado prueba alguna de ellas no impide que la oposición le conceda total credibilidad.
El de la esposa del presidente, nacido de una supuesta intermediación para que un empresario amigo consiguiera contratos públicos y que decayó tras las primeras indagaciones, ha ido creciendo sin control hacia los motivos de sus contratos de trabajo, su cualificación profesional o hasta sus cuentas personales, con ramificaciones en trabajadores de la Complutense o La Moncloa que están teniendo que desfilar ante el juez sin saber de qué se les acusa.
Estos son sólo los protagonistas de esta semana pero en las próximas esperan turno otros de similar caché. Entre ellos, los de las investigaciones abiertas contra el hermano del presidente, por su contratación como músico por la Diputación de Badajoz desde hace más de una década, o contra el Fiscal General del Estado, por la filtración de las negociaciones entre la fiscalía y la defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso. Además, el aluvión de querellas que éste ha lanzado contra quienes han informado u opinado sobre su reconocimiento del fraude fiscal cometido ha abierto varias causas contra periodistas y hasta contra la vicepresidenta María Jesús Montero con sus consiguientes citas en los tribunales.
La justicia, en España, continúa siendo ciega, independiente y solvente y por eso, los muchos casos citados acabarán con lo que las pruebas dicten: condena, absolución o archivo. Pero, como ya sucedió con las no pocas causas abiertas contra dirigentes de Podemos, cerradas sin reproche penal alguno tras años de indagaciones y sospechas, son las querellas interesadas y las investigaciones prospectivas las que convierten la instrucción de un juzgado en un arma política de primer grado. Corresponde a los jueces la responsabilidad de preservar su auténtica función y no mutar en munición política como estamos viendo en los últimos tiempos.
