Educación inclusiva, un SMI para cuidadoras o una cartera común, entre las propuestas del PSOE en discapacidad y dependencia

Educación inclusiva, un SMI para cuidadoras o una cartera común, entre las propuestas del PSOE en discapacidad y dependencia

En España unos 4,3 millones de personas tienen reconocida alguna discapacidad. Sin embargo, en plena campaña electoral, los políticos no hablan de una realidad que está presente en el 20,5% de los hogares españoles y no es un tema por el que se les suela preguntar en las entrevistas. 

Para ver cómo reflejan los partidos la discapacidad y cuáles son las medidas, hay que leer sus programas electorales en los que, en mayor o menos medida sí aparecen temas como la discapacidad y la dependencia.

En el caso del PSOE, su programa se divide en 8 grandes bloques temáticos y 500 propuestas, en 20 de ellas se habla expresamente de discapacidad, que además dispone de su propio apartado, titulado ‘Derechos de las personas con discapacidad’, dentro del bloque ‘Un Estado de bienestar fuerte: servicios públicos de calidad para todas las etapas de la vida’.

La primera mención, el PSOE hace alusión a la personas con discapacidad cuando promete crear una Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. En ella «se garantiza la inclusión financiera a través de la atención personalizada, especialmente a personas mayores, personas con discapacidad y colectivos vulnerables que deseen presentar reclamaciones». 

Más adelante, en la medida 124 se comprometen a garantizar el derecho al empleo de las personas con discapacidad. Por un lado, con el cumplimiento efectivo de la cuota de reserva del 2% de empleo para personas con discapacidad en las empresas y sector público», y por otro lado, «reforzando los mecanismos de inspección y control para promover un empleo inclusivo, estable y de calidad».

En el apartado dedicado a educación (medida 158), el programa habla de «ampliar y mejorar el sistema de becas«, incrementando la financiación, actualizando los umbrales de renta. También habla de mejorar la atención personalizada del alumnado con necesidades educativas especiales, que computará por dos.

También en el ámbito educativo se comprometen a Desplegar el Plan Estratégico de Educación Inclusiva, «dotando a los centros de los recursos necesarios para atender al alumnado con necesidades específicas, especialmente con trastorno del espectro autista (TEA), y necesidades educativas especiales (NEE), y reforzando el papel de los centros de educación especial como referencia y apoyo».

Derechos de las personas con discapacidad

El PSOE dedica un apartado específico para las personas con discapacidad, en el que adquiere los siguientes compromisos:

. Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad reconocidos en el artículo 49 de la Constitución y desplegando la reforma de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social.

. Desplegar un marco de apoyos a la vida independiente que facilite el acceso efectivo a asistencia personal, vivienda accesible y servicios comunitarios.

. Poner en marcha el Programa Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal para garantizar que sea efectiva

. Desarrollar la figura de la persona facilitadora procesal.

. Desplegar el Plan Estratégico de Educación Inclusiva 2026-2031, con el que se comprometen a reforzar los recursos y apoyos para que «el lugar de residencia no condicione el acceso a una educación inclusiva y de calidad».

. Fortalecer al Tercer Sector de la discapacidad, promoviendo su participación en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas.

. Impulsar el cumplimiento de la cuota de reserva de empleo de personas con discapacidad en las empresas.

. Impulsar el buen uso de las zonas de estacionamiento reservadas a las personas con discapacidad

Sistema de dependencia, cuidados y políticas sociales

En el programa electoral de PSOE también dedican un apartado a la dependencia, sobre la que adquieren los siguientes compromisos:

. Aprobar una Ley de Servicios Sociales para blindar lo que llaman «el cuarto pilar del Estado de bienestar». Su propuesta es pactar, como ocurre en sanidad, una cartera común y una financiación estable con las CC.AA.

. Garantizar la equidad territorial en el acceso a los servicios sociales.

. Desplegar el Sistema de Información Estatal de Servicios Sociales.

. Asegurar la plena aplicación de la reforma de los sistemas de discapacidad y dependencia (Ley 4/2026), con una programación económica plurianual orientada a seguir reduciendo las listas de espera y un sistema de seguimiento por territorios.

. Consolidar el Servicio de Ayuda a Domicilio como servicio público esencial del sistema de dependencia, con una financiación ‘suficiente y estable’.

. Mejorar la protección social de las personas que son cuidadoras principales, especialmente quienes asumen esta responsabilidad de manera continuada y durante largos periodos de tiempo. En este sentido, en la medida 322, se comprometen además a «dignificar y reconocer el trabajo de cuidados», protegiendo los derechos tanto de las trabajadoras de los cuidados y de las cuidadoras principales, «igualando su remuneración al SMI«. 

. Ampliar los servicios de asistencia personal, centros de día y programas de respiro familiar.

. Promover la atención pública integral de las personas con ELA en situación de dependencia extrema (Grado III+).

. Crear un registro estatal de pacientes con electrodependencia, compensando el sobrecoste energético.

. Un PERTE (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) para desarrollar la industria de los cuidados, que incorpore tecnología, robótica y domótica, y aumente la productividad del sector.

A lo largo del programa aparecen otras medidas que afectan a las personas con discapacidad, como el acceso efectivo a la salud sexual y reproductiva de las mujeres con discapacidad o reforzar la atención especializada a las víctimas de violencia con discapacidad.

Además, se comprometen a «profundizar en el reconocimiento pleno de los derechos de las personas con discapacidad», recogidos en el artículo 49 de la Constitución y a financiar actuaciones para garantizar la accesibilidad de edificios.

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