El Gobierno pone fin al secreto salarial y prohíbe preguntar el sueldo previo en las entrevistas de trabajo. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto-ley para transponer las directivas europeas de condiciones laborales transparentes y previsibles y de transparencia retributiva. El nuevo decreto permitirá a los trabajadores conocer las diferencias salariales entre hombres y mujeres que desempeñan el mismo trabajo o uno de igual valor.
Además, endurece las sanciones a las empresas por no ofrecer suficiente información al trabajador sobre los elementos esenciales del contrato (esto pasa a considerarse una falta grave), por incumplir las obligaciones en los planes y medidas de igualdad y por no facilitar a los solicitantes de empleo la información exigida, entre otras medidas. Además,
De no cumplir con ello, las empresas pueden afrontar multas de hasta 7.500 euros, frente a los 750 euros con los que podían penalizarles hasta ahora como máximo. La norma, que tendrá que recibir ahora el visto bueno de la Diputación Permanente del Congreso, introduce cambios en la Ley de Sanciones e Infracciones en el Orden Social (LISOS) para que pasen a considerarse infracciones muy graves las decisiones empresariales que supongan un trato desfavorable cuando se haya producido una reclamación extrajudicial o judicial, que soliciten datos prohibidos o personales en procesos de intermediación o colocación y aquellas decisiones que conlleven discriminación en el acceso al empleo.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha explicado que España se convierte así en uno de los primeros países de la Unión Europea en transponer la directiva de transparencia retributiva, de cuya redacción ha asegurado que formó parte. «El secreto salarial hoy en España se ha acabado», ha puesto en valor.
El Real Decreto-ley modifica el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores para reconocer el derecho individual a solicitar y recibir por escrito, en un plazo máximo de dos meses, información sobre la retribución propia y sobre las retribuciones medias, desglosadas por sexo, de quienes realicen el mismo trabajo o uno de igual valor. La información ajena obtenida no podrá emplearse para otro fin que no sea el ejercicio del derecho a la igualdad retributiva. Pasarán, por otra parte, a ser nulas las cláusulas contractuales que impidan al trabajador divulgar su propio salario.
Además, las empresas deberán recordar anualmente a sus trabajadores que tienen derecho a solicitar esta información. La ministra ha señalado también que las compañías deberán reforzar sus registros y auditorías retributivas, incorporando más información sobre la valoración de los puestos de trabajo y la progresión profesional.
En el acceso al empleo, las ofertas deberán incluir información sobre la retribución inicial del puesto, los anuncios y denominaciones deberán ser neutros respecto al género y quedará prohibido pedir a los candidatos información sobre sus sueldos previos. Igualmente, se prohíbe de forma expresa la discriminación en procesos de selección algorítmicos y se crea la Comisión para el seguimiento de la transparencia retributiva.
Díaz ha advertido de que la Inspección de Trabajo actuará ante las ofertas de empleo que no utilicen denominaciones neutras en la definición de los puestos y ha recordado que la norma también contempla mecanismos para obligar a las empresas a justificar las diferencias retributivas entre hombres y mujeres cuando superen determinados umbrales. En concreto, ha apuntado a las desviaciones del 25% y del 5% en empresas de más 100 trabajadores, que deberán estar motivadas y explicadas.
Por otra parte, la norma blinda el derecho a no sufrir tratos desfavorables, perjuicios o represalias por reclamar derechos laborales y declara nulas tanto las órdenes de discriminar como las decisiones empresariales adoptadas como respuesta a reclamaciones extrajudiciales o acciones administrativas o judiciales.
Preaviso mínimo de 3 días para las horas complementarias
La norma extiende el derecho de información a todas las relaciones laborales con independencia de su duración -tanto para la persona trabajadora como para la representación legal de los trabajadores- y elimina del Estatuto de los Trabajadores la referencia a los contratos superiores a cuatro semanas.
El trabajador deberá conocer el día y la hora de realización de las horas complementarias pactadas con un preaviso mínimo de tres días. De no cumplirse estos requisitos, tendrá derecho a rechazar la tarea asignada sin sufrir consecuencias desfavorables. Además, en caso de cancelación total o parcial de dichas horas por parte de la empresa, conservará el derecho a percibir la retribución correspondiente a las horas no realizadas.
Respecto al periodo de prueba, se establece una duración de tres o seis meses, salvo negociación en convenio colectivo justificada por la naturaleza del empleo, el interés de la persona trabajadora o la necesidad de evaluar su idoneidad (como en casos de suspensión por ERTE, incapacidad temporal o nacimiento). En los contratos de duración determinada de seis meses será de un mes como máximo, reduciéndose de forma proporcional en los de duración inferior.
Díaz ha explicado que la reforma también garantiza una mayor protección ante la cancelación de tareas y reconoce el derecho de los trabajadores a conocer las vacantes disponibles en sus empresas y a concurrir a puestos de mayor categoría o responsabilidad en condiciones de igualdad.
La empresa no podrá limitar al trabajador que compagine su empleo con otro
La reforma prohíbe también que las empresas impidan o limiten el empleo en paralelo para otras compañías o apliquen un trato desfavorable por ello, salvo restricciones por incompatibilidad basadas en causas objetivas -como salud y seguridad, confidencialidad empresarial, integridad del servicio público y prevención de conflictos de intereses- y sin perjuicio de los pactos de plena dedicación mediante compensación económica.
De igual modo, crea un nuevo artículo 21 bis en el Estatuto de los Trabajadores para reconocer el derecho general a solicitar un puesto de trabajo más previsible y seguro, así como a recibir información y pedir la conversión del contrato o un nuevo puesto, unificando la regulación hasta ahora dispersa en distintos artículos.
Por último, la norma crea una comisión tripartita e interministerial, con el Ministerio de Igualdad a la cabeza, para realizar el seguimiento y la evaluación de las políticas de igualdad retributiva. Díaz ha avanzado además que las nuevas obligaciones irán acompañadas de medidas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, entre ellas iniciativas de formación y ayuda para implantar los registros exigidos.
